La Fiscalía de Castilla y León ha abierto diligencias penales para investigar la decisión de la Junta regional de no trasladar a los ancianos infectados por coronavirus en residencias a los hospitales de la comunidad para ser atendidos. Fuentes jurídicas así lo han confirmado a laSexta,
El organismo actúa a partir de la denuncia de una asociación de pacientes de la comunidad en relación con una orden firmada por la Consejería de Servicios Sociales. Este documento indicaba que no se sacase a las personas mayores que viven en residencias de los centros, ni siquiera para derivarlos a los hospitales, en el periodo comprendido entre el 20 de marzo al 16 de abril de 2020, punto álgido de la pandemia.
Desde la Consejería de Sanidad, Verónica Casado, ha confirmado que se ha remitido a la Fiscalía de la comunidad toda la documentación relativa a dicha orden que abordaba la atención sanitaria de los usuarios de residencias. Según la consejera, este documento demuestra "que en ningún se prohibió su traslado a hospitales", algo que podría comprobarse, dice "por el número de derivaciones de ingresos a los hospitales de la Comunidad de personas mayores que estaban ingresados en las residencias".
Cerca de 2.581 mayores fallecidos en residencias
Ya son cerca de una veintena las diligencias abiertas en Castilla y León por la situación originada en las residencias durante la pandemia del COVID-19, para determinar si en estos lugares han podido producirse delitos como homicidio imprudente, abandono o malos tratos durante estos meses.
En la región, 1.477 mayores que vivían en residencias han fallecido a causa del coronavirus, diagnosticados con PCR y otras 1.104 personas han muerto en estos centros con síntomas compatibles con el virus, según los datos de los que ofrece la Junta. Estos datos suman un total de 2.581 ancianos fallecidos en residencias por la enfermedad.
Situación similar en Madrid
Lo ocurrido en Castilla y León, de confirmarse, no sería algo excepcional. En la Comunidad de Madrid, el consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, de Ciudadanos, aseguró que durante la crisis sanitaria se han establecido "unos criterios de exclusiones basados en niveles de dependencia o discapacidad" a la hora de derivar a los internos de residencias de mayores a los hospitales. Algo que no considera "ético" y que cree que posiblemente tampoco sea "legal".
Sin embargo, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha defendido que el documento que impedía trasladar a ancianos de residencias era una "borrador" y que jamás se dio la orden de hacerlo. El Consejero de Sanidad de la región ha afirmado que ese borrador se envió "por error" a los centros sociosanitarios.