CAUSA CONTRA EL FISCAL GENERAL
Fiscales progresistas promueven una campaña online de firmas a favor del indulto del García Ortiz
Los detales La Asociación Española para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos (EADIPH) ha impulsado en Change.org una recogida de firmas para pedir al Gobierno el indulto del ex fiscal general Álvaro García Ortiz. La iniciativa supera ya las 5.000 adhesiones.
Resumen IA supervisado
Varias asociaciones, incluida la Unión Progresista de Fiscales, han iniciado una campaña de recogida de firmas para solicitar al Gobierno el indulto de Álvaro García Ortiz, ex fiscal general del Estado, condenado por revelación de datos en un caso vinculado a la pareja de Isabel Díaz Ayuso. La Asociación Española para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos ha registrado una petición en Change.org bajo el lema "Indulto para García Ortiz: una necesidad democrática", acumulando más de 5.000 firmas. Argumentan que el indulto es un acto de justicia y responsabilidad, no de confrontación, y necesario para corregir situaciones injustas y preservar el interés general. La petición enfatiza que el indulto no anula la sentencia, sino que busca aliviar tensiones y evitar fracturas sociales. Los firmantes apelan a la combinación de legalidad y clemencia, destacando que no es un privilegio, sino una necesidad democrática.
* Resumen supervisado por periodistas.
Varias asociaciones, entre ellas la Unión Progresista de Fiscales (UPF), han iniciado una recogida de firmas para solicitar al Gobierno el indulto de Álvaro García Ortiz, ex fiscal general del Estado hasta hace apenas unas semanas. García Ortiz fue condenado por un delito de revelación de datos reservado en una causa que afectaba a la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, investigada por fraude fiscal.
La iniciativa, impulsada bajo el lema "Indulto para García Ortiz: una necesidad democrática", ha sido registrada en la plataforma Change.org por la Asociación Española para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos (EADIPH) y supera ya las 5.000 firmas. El objetivo es instar al Ejecutivo a conceder la medida de gracia al exfiscal general.
La EADIPH, fundada en 2004 y presidida por el catedrático de Derecho Internacional Carlos Villán, cuenta con 121 miembros repartidos entre España y América Latina, según detalla la propia asociación en su página web.
Por su parte, la Unión Progresista de Fiscales —a la que perteneció García Ortiz y también la actual fiscal general del Estado, Teresa Peramato— ha difundido la campaña a través de redes sociales como X, donde ha asegurado que "defiende y defenderá la inocencia de Álvaro García Ortiz en todos los foros".
En el texto de la petición, los promotores sostienen que el indulto a García Ortiz sería "un acto de justicia, serenidad democrática y protección institucional". Subrayan que no se trata de un privilegio ni de una decisión ideológica, sino de "un mecanismo constitucional" destinado a corregir situaciones excepcionalmente injustas y a preservar el interés general.
"En España vivimos hoy un momento delicado para el Estado de Derecho", advierten. A su juicio, la condena del ex fiscal general ha generado inquietud social, tensiones institucionales y dudas sobre el respeto a derechos fundamentales, lo que ha reabierto el debate sobre la equidad del resultado judicial.
Los impulsores de la iniciativa argumentan además que García Ortiz fue condenado por hechos vinculados a la emisión de una nota informativa "destinada a frenar un bulo que afectaba directamente al funcionamiento de una institución constitucional". En este sentido, recuerdan el voto particular discrepante de dos magistradas, que alertaron de una posible vulneración de la presunción de inocencia y defendieron que la elaboración de la nota fue "la única opción legal posible" ante la difusión de informaciones falsas.
La petición insiste en que el indulto "no anula la sentencia ni cuestiona al tribunal", ni elimina el debate jurídico de fondo. "Es un acto de responsabilidad, no de confrontación", señalan, y defienden que las democracias más sólidas son aquellas capaces de corregir excesos, aliviar tensiones y evitar que la justicia se convierta en una fuente de fractura social.
Los firmantes concluyen que elevan esta solicitud "como ciudadanos, juristas, profesionales, trabajadores y estudiantes", apelando a la combinación entre legalidad y clemencia cuando las circunstancias lo exigen. "No es un privilegio —recalcan—, es una necesidad democrática".
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