La cúpula del ministerio fiscal ha apoyado casi por unanimidad la decisión del fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce de presentar una querella por la consulta soberanista celebrada el 9N contra Artur Mas, su vicepresidenta Joana Ortega y la consellera de Educación por delitos de desobediencia, prevariación, malversación y usurpación de funciones, después de que la Fiscalía de Cataluña se opusiera a hacerlo por su "total discrepancia con esta medida".