Llarena tiene previsto comunicar el próximo lunes si acepta la petición de poner en libertad a los diez imputados, que en sus declaraciones además de aceptar el 155, con el que sin embargo se han mostrado en desacuerdo, se han comprometido a actuar a partir de ahora dentro del cauce legal.
El primero en comparecer ha sido el exvicepresident Oriol Junqueras, seguido de los exconsellers Raül Romeva, Carles Mundó, Dolores Bassa, Joaquim Forn, Meritxell Borràs, Jordi Turull y Josep Rull, y los líderes de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, y de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sànchez.
Llarena los citó, a iniciativa de los imputados, con el objeto de escuchar sus argumentos para revisar su situación personal y todos han expresado su voluntad de "actuar dentro de los márgenes constitucionales y de la legalidad vigente", según ha informado a la prensa el abogado defensor Jordi Pina. Una vez terminadas las comparecencias, que se ha prolongado durante unas cuatro horas, el juez les ha notificado que resolverá sobre el asunto el próximo lunes a primera hora, de modo que los imputados han sido trasladados de nuevo a prisión.
Tras las declaraciones el magistrado ha consultado a las acusaciones sobre si consideran que debe cambiar la situación personal de los imputados. Consuelo Madrigal, ex fiscal general del Estado, y Jaime Moreno, fiscal de Sala, han sido los miembros del ministerio público que han asistido a las comparecencias.
Han pedido, "ante la gravedad de los hechos investigados, el mantenimiento de las medidas cautelares para los diez comparecientes", según una nota de la fiscalía que ha informado también de que "su informe ha individualizado provisionalmente las responsabilidades de cada uno". "En todo caso, consideran que en estos momentos persisten los riesgos de fuga y de reiteración delictiva", explica la Fiscalía también.
En igual sentido se ha pronunciado la acusación ejercida por el partido Vox. Entre los imputados solo Junqueras y Romeva se han negado a responder a las preguntas del fiscal. El resto de los consellers han sido interrogados por el fiscal y le han respondido. Bassa ha contestado a gran parte de sus preguntas; Borrás y Forn a todas; Mundó a algunas; y Rull y Turull a todas menos a las planteadas por la acusación ejercida por VOX.
El letrado Jordi Pina, defensor de tres de los imputados, ha expresado que todos los declarantes se han comprometido, en unos u otros términos, a perseguir sus fines políticos "dentro del diálogo y el respeto a la Constitución".
En ese mismo sentido, el abogado de VOX Javier Ortega ha informado de que todos han asumido la legalidad, aunque no han renunciado a la independencia. Fuentes presentes en la declaración también han concretado que Dolors Bassa ha reconocido la inconstitucionalidad de la secesión de una parte del territorio y que se cometieron errores en el 1-O, y todos ellos han destacado que la Constitución se puede reformar para incluir el derecho a decidir.