El Consejo Fiscal ha
rechazado iniciar los trámites para cesar al recientemente nombrado fiscal jefe
Anticorrupción, Manuel Moix, y también ha decidido no amparar a tres fiscales
del caso Pujol denunciados por coacciones por un empresario catalán, pues esa
actuación está aún en trámite en la Fiscalía del TSJ de Cataluña.
Así lo han informado a
los periodistas dos de las componentes del Consejo, María Cristina Dexeus, de
la conservadora Asociación de Fiscales, y Eduardo Esteban, de la Unión
Progresista de Fiscales, la asociación que ha planteado, en boca de sus
tres fiscales presentes en el plenario dentro del turno de ruegos y preguntas,
el cese de Moix por las recientes polémicas con sus subordinados.
El Consejo ha rechazado
esta propuesta con los votos en contra de los otros nueve fiscales, incluido el
del fiscal general del Estado, José Manuel Maza.
La petición de los tres
fiscales progresistas se ha basado especialmente en sus últimas decisiones en
el marco de la operación Lezo, que ha llevado a prisión al expresidente
madrileño Ignacio González.
Moix ha sido criticado
por intentar paralizar algunos de los registros de esa operación, que
finalmente se practicaron después de que los dos fiscales de Lezo llevaran el
asunto al plenario de Anticorrupción y consiguieran el apoyo de sus colegas.
Sin embargo, según la
fiscal conservadora Dexeus, "las razones no son lo suficientemente
sólidas" como para apartar a Moix y las discrepancias "pueden
solventarse por cualquier otra vía que esté en los estatutos".
Este criterio no lo
comparte la UPF, que, en un comunicado, justifica su petición en la "la
tensa situación generada por el nuevo fiscal jefe Anticorrupción con los demás
integrantes de una Fiscalía que le era del todo ajena cuestiona su idoneidad para
continuar en el cargo" y en que las decisiones que ha tomado en Lezo son
"apresuradas", "desafortunadas e incomprensibles".
En el Consejo también se
ha debatido una solicitud de amparo de los fiscales José Grinda, Fernando
Bermejo y Juan José Rosa ante la denuncia, tramitada por Moix, del empresario
Rafael Pallardó, que les acusa de haberle coaccionado para que declarara contra
Jordi Pujol.
Los tres fiscales ya
negaron esas coacciones y alegaron que fue dicho empresario (imputado en el
caso Emperador sobre la mafia china de blanqueo liderada por Gao Ping) quien
les exigió dinero de los "fondos reservados" para inculpar a Pujol.
Ahora, según ha
informado Dexeus, el Consejo Fiscal -máximo órgano consultor de la Fiscalía
General del Estado- ha considerado oportuno no concederles el amparo "en
este momento por la situación en la que se encuentra la tramitación de la
denuncia".
"Es un tema técnico
y nos mantenemos al margen dejando que se siga el ritmo ordinario en la
investigación que se está llevando a cabo", ha dicho la fiscal.
Otro de los asuntos
debatidos ha sido la queja de dos de estos fiscales -Grinda y Bermejo- por
haber sido relevados del caso 3 %, un debate que, según Dexeus, se ha pospuesto
"a la espera de mayor información" que ha solicitado el fiscal general
del Estado, José Manuel Maza, tanto a Moix como a los fiscales del caso.
Mientras tanto, seguirán
investigando la supuesta financiación irregular de Convergencia Democrática de
Cataluña (CDC) dichos fiscales, que comenzaron a llevar el caso con un juez de
El Vendrell (Barcelona) en el año 2015.
Por lo tanto, la
decisión de Moix, que nombró en su lugar a dos fiscales catalanes y justificó
este cambio por motivos de cercanía, quedaría paralizada a la espera de más
información.
Moix se ha mostrado partidario, en una entrevista a Onda Cero, de imponer sanciones a los medios
que filtren información bajo secreto, unas palabras que reprueba la UPF al
entender que "no se puede mirar a otro lado y eludir la realidad del
problema", que es reforzar la autonomía de la Fiscalía.
La asociación recuerda
que precisamente algunas de esas filtraciones de Lezo son conversaciones
pinchadas en las que González habla de su preferencia por que Moix fuese el
futuro jefe de Anticorrupción, por lo que cuestiona su idoneidad en el cargo
cuando además ya está "marcado por su apariencia de parcialidad".
Al finalizar la reunión
del máximo órgano consultor de los fiscales, la Fiscalía General del Estado ha
difundido un breve comunicado en el que apoya a "todos los componentes de
la Fiscalía Anticorrupción" pese a que omite los temas tratados en el
Consejo Fiscal y las quejas manifestadas por la UPF.
La institución solicita
"respeto" para el trabajo "difícil y necesario" de los
fiscales que está "por encima de las luchas partidistas" y de
presiones y pide que "se garanticen las mejores condiciones para
desarrollar con eficacia su función".