Caso Plus Ultra
EEUU envió la prueba clave contra Zapatero en respuesta a una petición de Interpol sobre el máximo accionista de Plus Ultra
¿Por qué es importante? Fuentes de la investigación consultadas por laSexta desvinculan el envío de esos mensajes de la coyuntura política por la que se enfrentaron los Gobiernos de Donald Trump y el de Pedro Sánchez.
Resumen IA supervisado
Estados Unidos envió una prueba clave contra José Luis Rodríguez Zapatero 22 días después de que Interpol emitiera una orden de detención internacional contra Rodolfo Reyes, principal accionista de Plus Ultra. Fuentes de la investigación aseguran que el envío de esta información no está relacionado con tensiones políticas entre los gobiernos de Trump y Sánchez, sino que forma parte de la cooperación internacional entre Suiza, Francia, España y Estados Unidos en la investigación sobre blanqueo de capitales relacionado con el rescate de Plus Ultra. La investigación apunta a que los fondos del rescate fueron utilizados en operaciones de blanqueo vinculadas a malversaciones en Venezuela. Las pruebas incluyen mensajes que mencionan gestiones con el exministro José Luis Ábalos y Zapatero para obtener el rescate de 53 millones de euros.
* Resumen supervisado por periodistas.
Estados Unidos mandó la prueba clave contra José Luis Rodríguez Zapatero 22 días después de que la Interpol activara una orden de detención internacional, activada mediante una notificación roja en la base de datos de Interpol, contra el principal accionista de Plus Ultra, Rodolfo Reyes.
Fuentes de la investigación consultadas por laSexta desvinculan el envío de esos mensajes de la coyuntura política por la que se enfrentaron los Gobiernos de Donald Trump y el de Pedro Sánchez y aseguran que esa información se envió en el marco de la cooperación internacional que desarrollaron Suiza, Francia, España y Estados Unidos en relación con la trama de blanqueo investigada en torno al rescate de Plus Ultra.
En el sumario consta un correo electrónico fechado el 6 de marzo pasado en el que el Cuerpo Nacional de Policía trasladaba a la jueza Esperanza Collazos, primera instructora del caso Plus Ultra, que se había reactivado "la solicitud de detención preventiva para extradición del reclamado dimamante de su orden internacional de detención".
El Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid reenvió ese correo al juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, al que remitió la causa al considerar que la investigación afectaba al territorio de más de una audiencia y, por lo tanto, era competencia de la Audiencia Nacional.
"Reclamado: Rodolfo José Reyes Rojas"
En el encabezado del correo se incluyen el nombre completo del reclamado junto a su fecha de nacimiento: "Rodolfo José Reyes Rojas n.16/08/1965". La comunicación supone "el compromiso formal de presentar la demanda de extradición en el tiempo y forma que establecen los tratados bilaterales/multilaterales suscritos entre España y el país concernido" en los casos en los que la detención preventiva tenga lugar en países en los que no funcionen las Órdenes Europeas de Detención y Entrega (OEDE) vigentes en la Unión Europea.
El 17 de marzo pasado, el juez José Luis Calama dictó, a su vez, una orden de detención internacional en la que especificaba que el delito por el que se reclamaba a Reyes era el de blanqueo de capitales. La contestación de las autoridades estadounidenses llegó al día siguiente.
En los mensajes que pusieron en el foco a Zapatero, enviados por el Homeland Security Investigations, los directivos de Plus Ultra relataban las gestiones que supuestamente habrían realizado primero con el exministro de Transportes José Luis Ábalos y después con el expresidente del Gobierno para conseguir el rescate de 53 millones de euros, que fue aprobado por el Consejo de Ministros en marzo de 2022.
Las citadas fuentes apuntan que, si las defensas creen que la prueba debe ser anulada por no haberse respetado la cadena de custodia de los mensajes, se estudiarán sus alegaciones y los argumentos con los que fundamentan esa alegación.
Trama internacional de blanqueo
La investigación se inició ante la sospecha de que esos fondos fueron utilizados en "operaciones de blanqueo de fondos procedentes de malversaciones de caudales públicos cometidos en Venezuela", según se recogía en uno de los autos de la causa.
En su querella, Anticorrupción acusaba a los directivos de la compañía aérea Plus Ultra del "presunto uso indebido del rescate de 53 millones y apunta a que las operaciones de blanqueo se vincula con el movimiento de "fondos ilícitos procedentes de actos de malversación cometidos por funcionarios públicos en Venezuela de muy alta cuantía (fondos públicos de programas de distribución de alimentos subsidiados -CLAP- y ventas de oro del Banco de Venezuela)".
En el sumario se recoge que "entre los métodos detectados por las autoridades se encuentran transacciones mediante contratos ficticios de préstamos, la adquisición de bienes inmuebles de lujo en Madrid, operaciones a través de la financiera Adamas Capital e incluso la compraventa de relojes de lujo por importes superiores a 240.000 euros.