Tribunales
La dificultad de probar un delito de tráfico de influencias y una pregunta clave sin resolver: ¿A quién habría presionado Zapatero?
Los detalles La gestión del rescate de Plus Ultra la llevó a cabo la SEPI y se aprobó definitivamente en marzo de 2021 en el propio Consejo de Ministros. Para probar el tráfico de influencias hay que demostrar una relación directa entre el autor y el hecho final, algo que es muy complicado.
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El auto del juez José Luis Calama imputa al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por presunto tráfico de influencias en el rescate de la aerolínea Plus Ultra. Sin embargo, demostrar este delito en España es complejo, ya que requiere pruebas de que Zapatero ejerció influencia directa sobre el Consejo de Ministros para adoptar una resolución injusta. La SEPI gestionó el rescate, pero fue aprobado por el Consejo en marzo de 2021. Casos similares, como el de Francisco Camps y el de la mina de Aznalcóllar, muestran la dificultad de obtener condenas por tráfico de influencias, incluso con indicios fuertes.
* Resumen supervisado por periodistas.
El auto del juez José Luis Calama en el que imputa al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero recoge muchos indicios. Pero, en España, probar que efectivamente hubo tráfico de influencias es complicado. Tendría que haber una prueba de que Zapatero ejerció ese poder sobre el Consejo de Ministros, que es el que decidió el rescate de la aerolínea Plus Ultra.
Lo que exige la jurisprudencia del Tribunal Supremo para que se confirme el delito de tráfico de influencias es que la persona que está en una situación de superioridad ejerza una influencia directa contra un funcionario para que adopte una resolución concreta que sea además injusta.
Y esa es precisamente la pregunta clave en el caso que afecta al expresidente. ¿A quién habría presionado Rodríguez Zapatero? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Y es que hay que tener en cuenta que la gestión del rescate de Plus Ultra la llevó a cabo la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales), pero lo aprobó definitivamente en marzo de 2021 el propio Consejo de Ministros.
En España, de hecho, no hay muchas condenas por tráfico de influencias, incluso con indicios muy fuertes en algún caso. Un ejemplo es el de Francisco Camps, expresidente de la Generalitat Valenciana y exlíder del PPCV. La Justicia llegó a tener conversaciones suyas con Álvaro Pérez 'El Bigotes', en las que le decía que era su "amiguito del alma", que le quería "un huevo", y sin embargo, no se pudo demostrar que el entonces presidente de la Generalitat Valenciana presionara a un funcionario concreto para que adjudicara a las empresas de este empresario.
Otro caso es el de la mina de Aznalcóllar en el que tampoco se logró demostrar una relación directa y la Audiencia Provincial de Sevilla terminó absolviendo a los 16 acusados de amaño del concurso para la adjudicación.