La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado este jueves en la Asamblea que la Comunidad de Madrid no tiene competencias ni para expulsar ni para deportar a nadie, ni puede "poner un muro en Aranjuez" ante la entrada de los menores extranjeros no acompañados que "vienen de Andalucía", ni puede "soltarles en el desierto".

De esta forma ha respondido en la sesión de control del Parlamento regional a una pregunta formulada por la portavoz de Vox, Rocío Monasterio, sobre los planes previstos para el colectivo de los menores extranjeros no acompañados y su inserción una vez alcanzada la mayoría de edad.

"Ustedes, con su miedo a hablar de la repatriación de los inmigrantes ilegales y con su miedo a hablar de lo que está pasando en los barrios cada vez que abren un centro de menores extranjeros no acompañados, están provocando un efecto llamada brutal y acaban ustedes siendo cómplices de las mafias que traen a los inmigrantes ilegales", ha señalado Monasterio dirigiéndose al PP.

La portavoz de Vox ha opinado que el PP "no se atreve a hablar de la inmigración ilegal" y ha instado a la presidenta regional a decir que "en la Comunidad de Madrid no se va a volver a abrir un centro de menores extranjeros no acompañados porque en los barrios la gente ya está harta".

En la zona de Hortaleza, ha asegurado Monasterio, "las mujeres ya no caminan solas ni al supermercado y tienen que ir acompañadas de sus maridos porque tienen miedo".

Por su parte, la presidenta regional se ha comprometido a colaborar con la Fiscalía en la determinación de la edad de los menores extranjeros no acompañados, como figura en el acuerdo de investidura que alcanzó con Vox, pero ha asegurado que no puede comprometer aquello que no está en sus competencias.

"No podemos expulsar a nadie; no podemos deportar a nadie. No tengo competencias para poner un muro en Aranjuez de entrada de los menores que vienen desde Andalucía y no tengo competencias para soltarles en el desierto porque no sé muchas veces ni de dónde vienen ni de dónde proceden", ha recalcado.

El fenómeno de los menores extranjeros no acompañados no solamente está afectando a España, sino también a Europa, ha explicado Díaz Ayuso, quien ha reconocido que, en algunas ocasiones, está provocando "problemas de convivencia e, incluso, de seguridad" y, en la mayoría de los casos, son "simplemente menores que están deambulando sin tener un rumbo fijo".

La presidenta madrileña ha detallado que la habilitación de una partida -de 24 millones de euros- para consolidar 120 plazas para menores extranjeros no acompañados no pretende "en ningún momento" provocar "un efecto llamada", ni colaborar "con ninguna mafia".

Ha explicado que la Comunidad de Madrid va a "integrar" y "dar cobijo" a los menores extranjeros no acompañados, no solamente por cumplir con la legalidad, sino también "por humanidad y por responsabilidad".

Durante la sesión de control, Díaz Ayuso también ha respondido a preguntas sobre fiscalidad y financiación autonómica.

En materia de fiscalidad, la presidenta madrileña ha apuntado que hará "en cuanto sea posible" la "mayor rebaja fiscal de la historia" de la región con una bajada de todos los tramos del IRPF que hará que se llegue a pagar hasta un 5,5 por ciento menos de este impuesto.

Respecto a la financiación autonómica, Díaz Ayuso ha afirmado que el Gobierno de la nación pagará "poco y mal" a la Comunidad de Madrid las entregas a cuenta de 2019 y ha acusado al presidente del Ejecutivo en funciones, Pedro Sánchez, de "presionar" y "bloquear" a las regiones gobernadas por el PP y Ciudadanos.

En el Pleno, el consejero de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad, Alberto Reyero, ha anunciado que ha convocado a "las entidades más representativas" del activismo LGTB a una reunión el próximo día 31 de octubre con el objetivo de poner en marcha el Consejo LGTB de la Comunidad de Madrid e impulsar el desarrollo reglamentario de las leyes autonómicas en este ámbito.

En respuesta a una pregunta formulada por la diputada socialista Carla Antonelli, Reyero ha resaltado que "el desarrollo reglamentario de las leyes LGTB", pendiente desde su aprobación en el año 2016, será una prioridad para su área de Gobierno.