La defensa de Begoña Gómez alega que todos los trabajadores hacen gestiones personales en sus horas de trabajo

La defensa de Begoña Gómez ha recurrido ante la Audiencia Provincial de Madrid el auto del juez Juan Carlos Peinado en el que transformó la pieza separada por malversación en un procedimiento por la ley del jurado. En ese escrito, al que ha tenido acceso laSexta, su abogado, Antonio Camacho, esgrime que es normal que un trabajador haga gestiones personales en sus horas de trabajo, en alusión a los asuntos que le llevaba su secretaria en Moncloa, Cristina Álvarez, relacionados con su cátedra.

Es precisamente en esas gestiones -de las que dan cuenta una serie de correos electrónicos que el magistrado requirió al ex vicerrector de la Universidad Complutense- en las que Peinado se ha basado para impulsar la causa por malversación, pues Álvarez estaba contratada con fondos públicos como asistente de la esposa del presidente del Gobierno. Tanto ella como la propia Gómez, sin embargo, vienen defendiendo ante el juez que la ayudaba con e-mails de la cátedra de forma puntual y como favor por ser su amiga.

Ahora, la defensa argumenta que "es habitual en el ámbito laboral que en su horario de trabajo los trabajadores hagan gestiones, como puede ser la remisión de un correo electrónico en su beneficio, en el de sus familiares o amigos" y que "difícilmente puede entenderse que, si esos trabajadores son funcionarios públicos, con ello se está cometiendo un delito de malversación". Esto, afirma, "es una interpretación del Código Penal extraordinariamente extensiva y alejada de la realidad".

La defensa de Gómez insiste así en la versión que ambas investigadas han dado ante el magistrado: que Álvarez ayudaba a la esposa del presidente con asuntos no relacionados con ese rol como "favor" por la "relación de amistad" entre ambas.

A su juicio, "un favor a la persona para la que trabajas y con la que, además, mantienes una relación de amistad, nunca puede interpretarse como una conducta que entre dentro del ámbito de aplicación de una infracción penal tan grave como la malversación pública". "Esa conducta es muy habitual y entra dentro de los usos sociales e interpretar que pudiera ser constitutiva de una Malversación solo es el resultado de una interpretación extraordinariamente extensiva del Código Penal", insiste el letrado.

Argumenta que no es funcionaria

En el mismo escrito, Camacho argumenta además que a Gómez no se la puede considerar una "funcionaria pública", a los efectos de la comisión del citado delito de malversación. En el auto por el que proponía juzgarla con un jurado popular, así como a Álvarez y al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, Peinado se apoyaba, precisamente, en que este tipo de procedimientos están previstos para los "delitos cometidos por los funcionarios públicos en el ejercicio de sus cargos", entre otros.

En este sentido, el escrito que ahora ha presentado la defensa señala que la consideración de funcionaria que le da el juez "no entra dentro de ninguno de los supuestos" recogidos en la ley. "Es indiscutible que como cónyuge del presidente del Gobierno no tiene mando o jurisdicción propia ni participa en el ejercicio de funciones públicas", argumenta.

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