Fuera ya Francisco Franco del Valle de los Caídos, el Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos quiere sacar también a los benedictinos que se opusieron férreamente a la exhumación del dictador. "Igual que negociaron que no hubiera ninguna oposición a la salida del cuerpo de Franco, aquí ocurrirá lo mismo", ha expuesto Emiliano Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica.
Se derogaría, entre otros, el Decreto Ley de 1957 por el que se permite a esta orden religiosa gestionar el Valle. Esto ocurriría una vez aprobada la nueva Ley de Memoria Histórica, que tiene el objetivo, según ha remarcado la vicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo, de "seguir abriendo fosas y exhumar" a las víctimas de la guerra y la dictadura.
Además de continuar con las exhumaciones, el Ejecutivo contempla crear un censo nacional de víctimas, un banco de ADN que sirva para identificar los restos que se recuperen, suprimir los títulos nobiliarios que representen la exaltación de la guerra civil y la dictadura y retirar honores y condecoraciones policiales.
"Billy El Niño, Antonio González Pacheco, es solo uno de los torturadores que funcionó durante el tardofranquismo. Hay que abarcar toda la jerarquía franquista", ha reclamado Manuel Bergerot, especialista en Políticas Públicas de Memoria Histórica. Calvo también ha confirmado que se anularán las condenas del franquismo como la de Lluís Companys.
¿Cuál era el problema para el gobierno de Zapatero, y puede que lo sea para este? Muchas veces esos sumarios llevaban asociadas incautaciones de bienes", ha recordado Emiliano Silva. El Gobierno de Sánchez quiere tipificar también en el Código Penal el delito de apología del franquismo. Un planteamiento con "cierto cinismo", según ha añadido Silva.
"Ninguno de los crímenes de la dictadura han sido juzgados en este país. Eso no tiene ninguna consecuencia penal, pero la va a tener hablar bien de quien las cometió o de quien fue el responsable", ha considerado el presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica.
A esta valoración se ha sumado Eduardo Sanz, abogado especializado en esta materia: "En 2013, el Tribunal Supremo ya superó este debate, y dijo que había que ponderar entre ofensa y libertad de expresión. Desde luego, hay que amparar en el Derecho Penal la protección a las víctimas del franquismo". También se abriría la puerta a ilegalizar la Fundación Francisco Franco.