Las palabras de Carmen Calvo han sido las últimas que, de momento, se han pronunciado en la inacabable guerra entre el Gobierno de la Comunidad de Madrid y el central. La vicepresidenta primera defiende que la labor del Gobierno es salvar vidas, criticando el “acoso sin tregua” al Ejecutivo.
El primer capítulo de esta guerra parece ya muy lejano en la memoria, y eso que no han pasado ni dos semanas desde que se produjese. Se trata del 'pacto de las banderas' escenificado en la Puerta del Sol de Madrid, un alto al fuego político con la solemnidad de los grandes acuerdos.
Pedro Sánchez e Isabel Díaz Ayuso se comprometían entonces a dar en Madrid una respuesta coordinada a la pandemia. Un equipo con representantes de ambos gobiernos, denominado Grupo Covid, decidiría las nuevas medidas a tomar en Madrid... o eso parecía que iba a pasar.
La Comunidad propone entonces ampliar a ocho nuevas zonas las restricciones ya existentes en algunos barrios de la capital para “evitar el confinamiento”, según aseguró Enrique Ruiz Escudero. Pero el Ministerio de Sanidad pide por escrito el confinamiento perimetral de Madrid y de los municipios con mayor incidencia.
Madrid desoye las recomendaciones de Sanidad y la tregua salta por los aires. Con tres minutos de diferencia, viceconsejero y ministro de Sanidad comparecen en dos ruedas de prensa simultáneas. El desencuentro provoca la dimisión de Emilio Bouza, portavoz del Grupo Covid.
Comienza la batalla judicial
El ejecutivo de Ayuso se siente agraviado y reclama que se apliquen los mismos criterios en todas las Comunidades Autónomas, algo que el Gobierno acepta. Se alcanza un principio de acuerdo que tendrá que ratificar el Consejo Interterritorial de Sanidad: 13 comunidades autónomas a favor, una se abstiene y cinco se oponen.
Una de las que se opone es, por sorpresa, Madrid, que recula pese a la cesión del Gobierno a sus exigencias. “Nadie entiende su marcha atrás, ni los madrileños ni los españoles”, criticó Salvador Illa el 30 de septiembre.
Pero el texto queda aprobado y es de obligado cumplimiento. Ayuso anuncia entonces acciones legales, aunque su vicepresidente, Ignacio Aguado, se desmarca. La Audiencia Nacional ha admitido a trámite el recurso y Vox ha presentado otro en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. La última palabra de esta guerra la tendrán los jueces.