El análisis de estas circunstancias será introducido en el debate en el turno de ruegos y preguntas por los vocales de la Unión Progresista de Fiscales (UPF). Este órgano consultivo ha sido convocado de forma ordinaria y su Orden del día incluye hasta 19 asuntos, la mayoría de carácter administrativo y de ordenación de la carrera que están pendientes debido a que el Consejo anterior se destinó en exclusiva a los nombramientos propuestos por el fiscal general del Estado, José Manuel Maza.
Uno de estos puntos, sin embargo, sí tiene que ver con las últimas discrepancias surgidas entre algunos de los fiscales Anticorrupción y su superior, concretamente el expediente gubernativo de solicitud de amparo de los fiscales José Grinda, Fernando Bermejo y Juan José Rosa. Estos tres fiscales han pedido amparo después de que Moix haya tramitado una queja presentada contra ellos por uno de los investigados por el caso 'Emperador' que les acusa de coacciones y amenazas.
Otro punto del orden del día del Consejo Fiscal trata el relevo de Grinda y Bermejo como fiscales del caso del 'tres por ciento'. La propuesta de Moix es sustituirles por otros dos fiscales del departamento Anticorrupción que tienen sus despachos en Barcelona, Fernando Maldonado --que lleva también los casos Caixa Catalunya e ITV-- y Teresa Duerto. Esta última es la que sustituyó en su día a Bermejo cuando éste fue trasladado a la sede de la Fiscalía en Madrid.
La decisión de Moix estaría dirigida a evitar que estos fiscales invoquen el artículo 27 del Estatuto del Ministerio Fiscal por estar en desacuerdo con alguna directriz de su superior, el fiscal jefe Anticorrupción Manuel Moix, en el marco de la investigación judicial por este asunto.
Según la explicación oficial, sin embargo, la sustitución persigue "que los fiscales delegados de la Anticorrupción asuman los casos de su territorio y los de la Fiscalía especial puedan ocuparse de los asuntos de Madrid".
Las discrepancias entre los dos fiscales sustituidos y su jefe se encontrarían en el papel que la acusación pública tiene que atribuir en este asunto al exconseller de Justicia y exsecretario de Govern, Germà Gordó, que según la postura de los fiscales que hasta ahora han llevado esta investigación era "el conseguidor o el recaudador" de presuntas comisiones ilegales pagadas por constructoras a CDC a cambio de concesiones de obras públicas.
El cambio, según anunció la propia Fiscalía General del Estado en un comunicado oficial "no supone modificación alguna en la línea que ha mantenido la Fiscalía en cada uno de los procedimientos y facilitará la asistencia a la práctica de diligencias".