Casi seis años después de la aprobación de la conocida como Ley de Memoria Histórica, que prevé la supresión de esos vestigios, siempre que se den determinadas condiciones, la Izquierda Plural recuerda que todavía pueden verse muchos de ellos en espacio públicos y edificios propiedad del Gobierno.
En concreto, el artículo 15 de la citada ley, que se aprobó en diciembre de 2007, prevé la retirada de escudos, insignias, plazas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la dictadura.
Izquierda Plural recalca que este precepto también contempla la retirada de subvenciones o ayudas públicas a las instituciones y propietarios privados que no retiren la simbología franquista. En opinión de este grupo parlamentario, la Administración central "debe dar ejemplo" y empezar por eliminar toda la simbología franquista que todavía queda en edificios dependientes del Estado.
Por eso, el primer punto del texto que se someterá a votación este miércoles en la Comisión Constitucional, insta al Gobierno a quitar todos los vestigios de la Guerra Civil y la dictadura que permanecen en edificios adscritos al Ministerio de Defensa.
Además, la proposición no de ley urge al Ejecutivo a completar, en colaboración con comunidades y ayuntamientos, el catálogo de símbolos de estas características a los efectos de acelerar su retirada, así como ha publicar los criterios establecidos por la Comisión técnica de expertos que ha de pronunciarse sobre esta medida en cada uno de los casos.
La Ley de Memoria Histórica deja claro que la retirada de símbolos no se aplicará "cuando las menciones sean de estricto recuerdo privado, sin exaltación de los enfrentados", o cuando "concurran razones artísticas, arquitectónicas o artístico-religiosas protegidas por la ley".