A falta de la votación final, al menos PP, PSOE, Unidos Podemos En Comú Podem-En Marea y Ciudadanos, que suman mayoría, han adelantado que respaldan la ley, que da garantías jurídicas a los profesionales sanitarios aunque han mostrado sus discrepancias en cuanto al régimen sancionador de la norma.

El PSOE ha defendido que sean las comunidades autónomas que ya cuentan con legislación sobre esta materia las que tengan las competencias, un aspecto sobre el que Ciudadanos ha mostrado su rechazo, en tanto que el PP ha insistido en que sin un régimen sancionador común la norma está incompleta.

El Pleno ha debatido el dictamen aprobado por la Comisión de Sanidad sobre la proposición de ley de derechos y garantías de la dignidad de la persona en el proceso final de su vida, que continuará su tramitación en el Senado. El portavoz socialista de Sanidad, Jesús María Fernández, ha recordado que son diez las comunidades que ya tienen leyes propias sobre cuidados paliativos, por lo que ha considerado "innecesario" sanciones comunes en todo el territorio.

Desde Ciudadanos, su portavoz en la materia, Francisco Igea ha recordado que en España mueren cada al año 50.000 personas sin cuidados paliativos por lo que en España "se muere mal". Igea ha señalado que la medicina no fracasa con la muerte sino que lo hace "con la soledad" y ha apuntado que esta ley garantiza que nadie pueda ser engañado por un medico con falsas promesas y que, en cambio, se les pueda inducir al sueño para no sufrir.

Pilar Cortés, del PP, ha manifestado su satisfacción por la aprobación de esta ley "especial" ya que afecta a todos por igual al margen de la ideología, familia o lugar de residencia. Ha reconocido la labor de la ponencia durante los 14 meses de trabajo aunque ha señalado que no está completa si no se incorpora el régimen sancionador o una enmienda de UPN -partido que se ha opuesto- para que en los cuidados paliativos también esté reconocido el derecho a la asistencia espiritual y religiosa.

Amparo Botejara (Unidos Podemos) también ha estimado que en España se muere mal y ha esperado que esta ley sirva para corregir esta situación, si bien ha advertido de que tiene que estar dotada de financiación porque si no, "no tendrá utilidad". Grupos nacionalistas como PNV y ERC han coincidido en que la norma invade competencias y es innecesaria porque ya hay comunidades que cuentan con legislación propia y esta nueva ley puede complicar el trabajo "donde se hacen bien las cosas".