En un auto de 11 páginas, Castro ha fijado los días 18 de marzo en Madrid y 19 en Barcelona para las declaraciones de 34 testigos y también de dos imputados: el apoderado de Iñaki Urdangarin, Mario Sorribas, y el presunto testaferro Robert Cockxs.
El juez Castro ha accedido así a la petición de declaraciones que le había solicitado ayer el fiscal anticorrupción, Pedro Horrach, en el marco de esta pieza judicial que investiga el presunto desvío de fondos públicos al Instituto Nóos y la Fundación Deporte Cultura e Integración Social (Fdcis), entidad heredera del instituto.
El juez cita al conde de Fontao para el día 18 a las 19.00 horas, porque Torres, Urdangarin y Raimon Bergós declararon sobre él ante el magistrado y señalaron que realizó labores de mediación y asesoramiento al duque de Palma, sobre su posición en Nóos y en la Fdcis.
En el caso de González Pons, el juez lo cita también el día 18, a las 18.00 horas, en relación al convenio firmado con Nóos para la celebración de los Juegos Europeos 2006, por los que la Generalitat pagó 382.203 euros, cuando el político del PP era responsable de la Sociedad Gestora de la Imagen Estratégica y Promocional de la Comunidad Valenciana.
El juez especifica que en su condición de diputado, González Pons puede acogerse al artículo 412 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que prevé que no es necesario que acuda a los juzgados, sino que sería la comisión judicial la que se desplazaría para interrogarle.
Entre los testigos citados por el juez figuran el presidente de Aguas de Valencia (AVSA), Eugenio Calabuig; el que fuera director el equipo ciclista Illes Balears Jose Miguel Echávarri; el director de la sociedad Madrid 2016, Antonio Fernández, así como otros trabajadores de esta entidad y varios supuestos empleados de la empresa Aizoon.
También cita a declarar a los representantes legales de las empresas Motorpress Ibérica, Altadis, Seeliger y Conde, Hava Sport, Pernod Ricard, Lagardere Ressources, Mixta África y Oliol, en cuyos consejos de administración participó Urdangarin y les pide las actas de las reuniones a las que asistió el duque de Palma.
En el mismo auto, el juez da traslado a las partes personadas de la petición formulada por la defensa de Urdangarin de nulidad de los correos electrónicos aportados al magistrado por Diego Torres en tres tandas y de "expulsión de la causa" de estos documentos, porque impugna su autenticidad y valor probatorio.
El juez les da diez días para presentar alegaciones. Castro ha librado además oficio a la Agencia Tributaria solicitando un informe sobre los bienes muebles e inmuebles de Iñaki Urdangarin y su exsocio Diego Torres, principales imputados en esta causa, así como de las sociedades mercantiles en las que ambos hayan participado.