Huelga general
CEOE y Cepyme tachan de "inadmisible" la huelga general anunciada por los sindicatos y dudan de su "encaje jurídico"
Los detalles Según han advertido las patronales a través de un comunicado, esta movilización persigue fundamentalmente provocar cambios legislativos y de índole presupuestario en materia de vivienda.
El reelegido presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, este jueves.Resumen IA supervisado
CEOE y Cepyme han calificado de "inadmisible" la huelga general anunciada por los sindicatos, argumentando que busca trasladar a las empresas el coste de una presión contra la gestión del Gobierno. Según las patronales, la movilización pretende provocar cambios legislativos y presupuestarios en vivienda, áreas que competen exclusivamente a la Administración y no a la gestión empresarial. Consideran injusto que las empresas y la economía asuman el coste de esta medida. Además, cuestionan la legalidad de la huelga, que aún no tiene fecha ni preaviso formal, y analizarán su cumplimiento legal para garantizar la seguridad jurídica.
* Resumen supervisado por periodistas.
CEOE y Cepyme han calificado este martes de "inadmisible" la huelga general anunciada este lunes por los sindicatos mayoritarios al considerar que busca trasladar a las empresas el coste de una medida de presión dirigida contra la gestión del Gobierno, al tiempo que han puesto en duda su "encaje jurídico".
Según han advertido las patronales a través de un comunicado, esta movilización persigue fundamentalmente provocar cambios legislativos y de índole presupuestario en materia de vivienda.
En una entrevista en Onda Cero, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha hablado de una "huelga política" que ha "buscado de forma muy forzada un encaje laboral donde no existe". "Llevamos ocho años de gobierno y la legislación es muy clara: una huelga solo tiene sentido si responde a un conflicto laboral, y la vivienda no lo es. La culpa de este problema no es de los empresarios", defiende Garamendi.
"En estos momentos de precampaña electoral, lo que tenemos que priorizar es la estabilidad y la paz social, que es algo clave, y no calentar la calle. Es una huelga que ni siquiera está bien definida en fechas ni formato, pero que parece montada contra la oposición y no contra el Gobierno, por lo que tiene un evidente componente político y electoral", añade.
Al tratarse de cuestiones cuya responsabilidad y competencia corresponden en exclusiva a la Administración, las organizaciones empresariales sostienen que quedan al margen de la gestión empresarial y que, por tanto, las reivindicaciones "no son, en esencia, de naturaleza laboral".
Por este motivo, CEOE y Cepyme consideran "inadmisible que se pretenda trasladar a las empresas, a sus trabajadores y al conjunto de la actividad económica el coste de una medida de presión que señala al Gobierno y a su gestión".
Asimismo, han subrayado que, con la convocatoria de elecciones fijada para el próximo 29 de noviembre, resulta "difícilmente justificable" emplear la actividad económica "como tablero para influir en un proceso electoral que debería afrontarse desde el sosiego y la normalidad democrática".
Dudas sobre su "encaje jurídico"
Por otro lado, las patronales han puesto en duda la legalidad de la huelga e insisten en que la información conocida hasta la fecha no permite realizar una valoración definitiva, "especialmente sobre su encaje jurídico".
En este sentido, han puntualizado que la huelga está pendiente de ratificación, carece de fecha determinada y no constituye todavía el preaviso formal exigido por la ley.
Las organizaciones empresariales han asegurado que analizarán con detalle la convocatoria definitiva, sus objetivos concretos, su ámbito y el cumplimiento de los requisitos legales, con el fin de defender la seguridad jurídica y el normal funcionamiento de las empresas.