Por la crisis migratoria
El PP censura al último plantón de Marlaska y no descarta ir al Constitucional después de ir al Supremo
El contexto Los populares habían citado en el Senado a los titulares de Interior, Exteriores y Defensa para que dieran explicaciones sobre la crisis en Ceuta, pero el Gobierno ha optado por el desplante.
Resumen IA supervisado
El Partido Popular (PP) ha presentado un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo contra el Gobierno de Sánchez debido a la ausencia reiterada de ministros en el Senado para explicar la crisis migratoria en Ceuta. Los populares alegan que esta ausencia vulnera los derechos fundamentales de los senadores a recibir explicaciones. La decisión de acudir al Supremo se produce tras la carta del secretario de Estado, Rafael Simancas, solicitando la desconvocatoria de las comisiones en el Senado, argumentando que los ministros comparecerían en el Congreso. El PP considera esta actitud del Gobierno como antidemocrática y busca que el Supremo ordene el cese de estas conductas y restablezca los derechos constitucionales.
* Resumen supervisado por periodistas.
Al PP no le está gustando ver las numerosas sillas vacías que están dejando los ministros en el Senado. Los populares quieren que los ministros de Sánchez den explicaciones sobre la crisis migratoria en Ceuta tras la entrada masiva de migrantes, pero el Gobierno ha optado por darle (una y otra vez) plantón.
De esta manera, el PP ha movido ficha y ha presentado un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo contra el Gobierno. Según indican fuentes del partido a laSexta, los populares alegan vulneración de derechos fundamentales de los senadores a recibir las explicaciones que se estaban solicitando.
Se trata de un recurso que se presenta contra el Ejecutivo y tuvo como desencadenante la carta del secretario de Estado de relaciones con las Cortes, Rafael Simancas, quien pidió al Senado la desconvocatoria de las comisiones ya que los ministros tenían ya previsto comparecer en el Congreso.
De hecho, este lunes Simancas criticó "el absurdo de montar comparecencias duplicadas y sin tiempo de preparación" y subrayó que "el Gobierno comparecerá sobre Ceuta en el Congreso entre el 25 y el 28 de agosto".
El presidente del Senado rechazó esa petición y recordó que las sesiones habían sido solicitadas por la mayoría absoluta de la Cámara, que cumplían los requisitos reglamentarios y que la Presidencia estaba obligada a convocarlas.
Finalmente, tras el desplante del Gobierno, el PP ha decido llevarlo al Tribunal Supremo. Es más, fuentes del partido a laSexta reconocen que no descartan ir al Tribunal Constitucional pero esta era "una vía más rápida e inmediata".
El plantón del Gobierno
Este jueves, quien ha dejado la silla vacía en el Senado y, por tanto, no ha dado explicaciones sobre la crisis de Ceuta, ha sido el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska. Pero es que además de ausentarse Marlaska dos veces, también han faltado a citas similares en comisiones de su ámbito durante la última semana los titulares de Exteriores y Defensa, José Manuel Albares y Margarita Robles, respectivamente.
Como ya avisó el PP ante la ausencia de Albares el pasado lunes, finalmente han tomado medidas judiciales. Tras constatar este jueves la ausencia del ministro, el presidente de la Comisión de Interior del Senado, Fernando Martínez-Maíllo, ha dicho que espera que el Tribunal Supremo "ordene el cese de la conducta antidemocrática de este Gobierno".
Al abrir la sesión, Maíllo ha dicho que la "nueva silla vacía" del ministro, quien ya faltó el día 12 a otra convocatoria en la comisión, supone que "teniendo la oportunidad de rectificar, no ha querido rectificar", por lo que aprecia "una decisión reiterada, persistente, recurrente y contumaz" de un "acto de insumisión, rebeldía y desobediencia que realmente es intolerable en democracia".
A continuación, ha explicado que en su partido, el PP, se han visto "obligados a acudir al Tribunal Supremo", como anunció la víspera su presidente, Alberto Núñez Feijóo.
"Es un recurso contencioso-administrativo que sí que es verdad que es inédito, pero es más inédita todavía la actitud en rebeldía del Gobierno en democracia", ha explicado. Ha añadido: "Se pide al Tribunal Supremo que ordene el cese de la conducta antidemocrática de este Gobierno y que se restablezcan derechos constitucionales que nos asisten como senadores".
Maíllo ha considerado que "el comportamiento completamente antidemocrático no puede quedar impune" y el PP, por tanto, utilizará "todos los instrumentos para que no le salga gratis al Gobierno".
Lo que pide el PP al Supremo
En el recurso, el Partido Popular critica que "los ministros fueron requeridos individualmente para comparecer, pero no acudieron", vulnerando así "el derecho fundamental de los senadores reconocido en el artículo 23.2 de la Constitución porque impide ejercer de manera efectiva una de las funciones esenciales del parlamentario: controlar al Gobierno".
La cuestión jurídica central que plantea el recurso es que, según el PP, "el Gobierno no puede decidir unilateralmente ante qué Cámara se somete a control". El PP sostiene que la Constitución atribuye la función de control a las Cortes Generales y permite tanto al Congreso como al Senado y a sus comisiones reclamar la presencia de los miembros del Gobierno. Según el recurso, una comparecencia voluntaria del Ejecutivo ante el Congreso no puede sustituir una comparecencia exigida reglamentariamente por el Senado.
De esta manera, el partido de Alberto Núñez Feijóo pide al Tribunal Supremo que determine si el Gobierno puede decidir por sí mismo que el control ejercido por el Senado queda sustituido por comparecencias que el propio Ejecutivo decide solicitar ante el Congreso.