El ministro ha acusado al presidente de la Generalitat, Artur Mas, de haber promovido esta jornada para "ocultar su fracaso personal" de no haber podido celebrar la consulta que fue declarada ilegal y ha recordado que la Fiscalía recaba datos para ver si existen responsabilidades penales y, de ser así, ejercer en los próximos días las acciones legales que correspondan.
A juicio del Ejecutivo, este domingo se ha desarrollado una "jornada de propaganda política, organizada por fuerzas partidarias de la independencia y carente de cualquier tipo de validez democrática".
Catalá ha recordado que España es un régimen democrático consolidado, con libertad de expresión y manifestación, y en el que las consultas a la ciudadanía se rigen por estrictas normas para garantizar la imparcialidad y la legalidad, dos requisitos que no se han dado en la jornada de este domingo.
En ese sentido, ha indicado que el proceso se ha llevado a cabo al margen de cualquier marco jurídico, no tiene amparo ni en las leyes catalanas ni en un decreto de convocatoria y sus promotores han renunciado a la neutralidad, "convertidos en juez y parte del proceso" y sin ni siquiera garantizar la igualdad de los catalanes ante el mismo.
Por ello, ha insistido en que se trata de un acto de "pura propaganda", sin efectos jurídicos y que "sólo ha servido para exacerbar la división entre los catalanes, para tensar las relaciones políticas dentro y fuera de Cataluña".