La Audiencia de Sevilla considera a Manuel Chaves y a José Antonio Griñán, ambos expresidentes de la Junta de Andalucía, responsables del sistema de ayudas públicas que el Gobierno andaluza instauró durante una década (2000-2009) para beneficiar a empresas en crisis.

La sentencia da por válida la última cifra que dio la Fiscalía en sus conclusiones en el juicio y establece que un total de 680 millones se movieron son control y con mecanismos inadecuados. De esa cantidad, 128 millones fueron a parar a intrusos o trabajadores a los que no correspondían.

Así lo afirma el fallo que condena a Chaves a nueve años de inhabilitación y a Griñán, a seis años de cárcel y 15 de inhabilitación: "La necesidad política de dar una respuesta rápida a los grandes conflictos sociolaborales, llevó a los responsables de la Junta Andalucía a establecer un sistema ágil, si bien tal agilidad se consiguió eliminando los mecanismos de control legalmente establecidos".

Griñán, "plenamente consciente"

Sobre el papel de Griñán, cuando estaba al frente de Economía y Hacienda, detalla que, "sabiendo que las subvenciones eran concedidas por la Consejería de Empleo, era igualmente conocido por la Consejería de Hacienda, que una vez que el Interventor de la Consejería de Empleo había fiscalizado el expediente de Transferencia de Financiación, era materialmente imposible la fiscalización previa de la concesión de subvenciones, dado que no existía ningún procedimiento que permitiera tramitar otro expediente para dicha concesión".

Griñán, como consejero de Hacienda, "era plenamente consciente de la ilegalidad de los actos en los que participó".

"Siendo Consejero de Economía y Hacienda, se siguió haciendo este uso inadecuado de las transferencias de financiación en las distintas modificaciones presupuestarias que se produjeron (...) Por consiguiente, el encausado era plenamente consciente de la patente ilegalidad de los actos en los que participó".

Chaves, responsable como presidente de la Junta

De Chaves, recuerda que presidía el Consejo de Gobierno cuando se empezaron articular las primeras ayudas a trabajadores afectados por procesos de reestructuración empresarial a finales de los 90, y en el año 2000: "La decisión de dar estas ayudas no partía de la Consejería de Empleo, sino que era una decisión del gobierno en su conjunto. Si hasta entonces se había optado por la tramitación de expedientes de subvenciones excepcionales para canalizar la entrega de fondos públicos, a partir del 18 de abril del año 2000, se opta por la utilización de la transferencia de financiación al Instituto de Fomento de Andalucía (IFA)".

"Este cambio en la clasificación económica del gasto, mediante el uso de la transferencia de financiación, suponía que, al traspasarse los fondos desde la consejería de empleo al IFA, se iba a omitir la fiscalización previa de las ayudas que se pensaban seguir dando con cargo a esa partida", y añade: "Este cambio no era un cambio menor, un mero cambio del tipo de expediente, sino que suponía un cambio en la presupuestación. Por ello, resulta impensable que el Consejero de Empleo tomara esta decisión por sí solo".

Los cambios econónomicos y reflejados en los presupuestos "exigió de la decisión del superior jerárquico (...), el presidente de la Junta, Manuel Chaves".

Cree el tribunal que dada "la trascendencia de este cambio y su necesario reflejo en la presupuestación, hace también impensable que esta decisión fuera asumida exclusivamente por la Consejera de Economía y Hacienda. Sino que exigió de la decisión del superior jerárquico de ambos, el presidente de la Junta, Manuel Chaves". "Como presidente del Consejo de Gobierno, aprobó las modificaciones presupuestarias que afectaron al programa 31L, que por su cuantía eran competencia del Consejo de Gobierno, hasta su cese en abril del año 2009", continúa.

Magdalena Álvarez siguió con el sistema

Magdalena Álvarez, condenada a nueve años de inhabilitación, dice el fallo que "siendo consejera de Economía y Hacienda, se siguió haciendo este uso inadecuado de las transferencias de financiación en las distintas modificaciones presupuestarias que se produjeron". Recuerda que bajo su mandato "se elaboró el anteproyecto de presupuesto, sin ajustarse al régimen de las transferencias de financiación". "

"Y por primera vez, en los presupuestos del 2002, se incluyó en el anteproyecto de presupuesto el uso de la transferencia de financiación al IFA dentro del programa 31L, a sabiendas de que su finalidad era la concesión de subvenciones por parte de la Consejería de Empleo, siendo el órgano gestor la Dirección General de Trabajo".

"Año tras año se introdujeron en el presupuestos gastos ficticios que nunca se iban a producir".

Explica que "el necesario cuadre del presupuesto del ente hasta el ejercicio 2009, obligaba a compensar los ingresos presupuestarios de las transferencias de financiación, con un incremento presupuestario ficticio de otros gastos de explotación. Así, año tras año se introdujeron en el presupuesto de IFA gastos ficticios que nunca se iban a producir".

"La presupuestación de estos gastos ficticios evidencia que la Consejería de Economía y Hacienda conocía que las subvenciones no eran concedidas por IFA-IDEA, sino por la Consejería de Empleo, pues de lo contrario, no hubiese sido necesario haber presupuestado los citados gastos ficticios".

Un trámite que pasaba por Zarrías

Condenado a nueve años de inhabilitación, la sentencia recuerda que Gaspar Zarrías, como Consejero de la Presidencia, presidía la Comisión General de Viceconsejeros, por donde pasaban todos los expedientes de modificación presupuestaria, así como el anteproyecto de presupuestos de cada año.

"Por consiguiente, participó en la aprobación de las modificaciones presupuestarias, que supusieron la reducción de la partida 472.00, que era la adecuada para la concesión de subvenciones, y dotar de fondos a otra que no era legalmente apropiada para su otorgamiento, la partida 440.01 "Transferencia al IFA en materia de Relaciones Laborales".

La sentencia recuerda que Zarrías presidía la Comisión de Viceconsejeros, "por donde pasaban todos los expedientes de modificación presupuestaria".

Asegura que Zarrías conocía cuál era la regulación legal de las ayudas, "y el sistema instaurado en la modificación presupuestaria de 18 de abril de 2000, que se incluyó en el presupuesto de 2002, no es que se apartara del citado marco legal, sino que era contrario al mismo". Asegura que por estos momentos era "consciente" de la ilegalidad.

Guerrero, la condena más alta

Francisco Javier Guerrero, el ex director general de Empleo y condenado a siete años de cárcel, es considerado el cerebro del sistema. Según la sentencia, la Dirección General que dirigía ha tramitado subvenciones excepcionales "prescindiendo de forma total y absoluta del procedimiento administrativo establecido".

"Participó en la tramitación de modificaciones presupuestarias (...) que introdujeron en el programa el uso inadecuado de las transferencias de financiación. Con lo que suponía dejar de cumplir los requisitos de la normativa de subvenciones para seguir dando ayudas al margen de este procedimiento", añade el fallo.

"Absoluto descontrol"

"Consta en las actuaciones que no fue fiscalizado ni uno sólo de los expedientes de concesión de ayudas sociolaborales y ayudas a empresas del programa 31L, durante el periodo enjuiciado, desde el año 2000 al 2010 (...) En definitiva, permitía el enriquecimiento de empresas, a través del ahorro de gastos, y de terceros, ajeno a cualquier interés social o público debidamente acreditado", son algunos de los motivos que sostienen las condenas.

Según la información facilitada por la Audiencia Provincial de Sevilla, "la Consejería de Empleo disponía de los fondos públicos del programa 22E/31L, sin sujeción a procedimiento alguno, sin control de la Intervención, sin exigir la más mínima acreditación de una situación que legitime la percepción de la supuesta ayuda, sin necesidad de justificar el empleo o uso del dinero que se recibía".

"Las subvenciones sociolaborales fueron concedidas por la Consejería de Empleo al margen del presupuesto, imposibilitando así su fiscalización previa, lo que propició un absoluto descontrol", y sostiene que la consecuencias económicas para los fondos públicos de la Junta de Andalucía "fueron claras e importantes".