Manuel Chaves ha sido condenado a nueve años de inhabilitación en el caso de los ERE de Andalucía. La Fiscalía lo acusaba de prevaricación y pedía para él 10 años de inhabilitación. José Antonio Griñán, que lo sucedió en la presidencia de la Junta de Andalucía, ha sido condenado a seis años de cárcel y 15 de inhabilitación por prevaricación y malversación.

Además de los dos expresidentes, se ha enjuiciado a seis exconsejeros, entre ellos Gaspar Zarrías y Magdalena Álvarez, y otros 14 ex altos cargos.

Gaspar Zarrías, exconsejero de la Presidencia es condenado a 9 años de inhabilitación por un delito continuado de prevaricación. Antonio Fernández, exconsejero de Empleo es condenado a 7 años, 11 meses y un día de prisión e inhabilitación absoluta durante 19 años, seis meses y un día por prevaricación y malversación

El que fuera consejero de Innovación, Francisco Vallejo, ha sido condenado a 7 años y un día de prisión e inhabilitación absoluta durante 18 años y un día. al igual que José Antonio Viera, exconsejero de Empleo, ambos por prevaricación y malversación.

Magdalena Álvarez, exconsejera de Economía y Hacienda, ha sido condenada a 9 años de inhabilitación por prevaricación.

La exconsejera y exviceconsejera de Economía y Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, ha sido condenada a 6 años y 2 días de prisión y a una inhabilitación absoluta por un tiempo de 15 años y dos días por malversación.

Además, uno de los hombres clave en este juicio, el que fuera director general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, recibe una de las penas más altas. Ha sido condenado a 7 años, 11 meses y un día de prisión y a una inhabilitación absoluta por tiempo de 19 años, 6 meses y un día por prevaricación y malversación.

De los 19 condenados, hay nueve que tienen penas de cárcel y uno de los más castigados es el que fuera director general de Trabajo y Seguridad Social de 1999 hasta 2008, Francisco Javier Guerrero. Para él, la pena es de casi 8 años de prisión y 19 años y medio de inhabilitación.

Cinco años de instrucción

La sentencia consta de 1.700 folios. Este 'macrojuicio' quedó visto para sentencia el pasado mes de diciembre tras un año y cuatro días y 152 sesiones después en una causa compuesta por 14.276 folios divididos en 38 tomos y siete tomos de anexos, recogidos en ocho discos compactos, y con tres discos con las declaraciones prestadas en la causa durante la instrucción.

Todo comenzó el 19 de enero de 2011 cuando la jueza de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, comenzó a investigar este caso, cuya sentencia marcará el recorrido cuando se sometan a enjuiciamiento las cerca de 200 piezas separadas, una por cada ayuda con cargo al denominado 'fondo de reptiles', de la que se desgajó la causa principal tras la partida de Alaya a la Audiencia y la llegada de la jueza María Núñez Bolaños.

Cabe recordar que la instrucción la finalizó en 2016 el juez de refuerzo Alvaro Martín, quien elevó las actuaciones a la Audiencia de Sevilla después de que el caso llegara al Supremo, cuyo magistrado Alberto Jorge Barreiro, instruyó el procedimiento contra los investigados que gozaban de aforamiento al ser diputados en las Cortes, como es el caso de Chaves, Griñán, Zarrías y Viera.

No obstante la renuncia a sus escaños motivó que las actuaciones volvieran al juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla. Todo ello después de que Barreiro dictara un auto en junio de 2015 en el que concluyó que los expresidentes de la Junta deberían ser juzgados por prevaricación descartando la malversación.

Griñán, en el juicio: "No hubo un gran plan para defraudar, pero sí hubo un gran fraude".

De hecho, en abril de 2015, el ya expresidente de la Junta de Andalucía y entonces senador socialista, José Antonio Griñán, manifestó al término de su declaración judicial por los ERE irregulares en Andalucía aquella famosa declaración que no hubo "un gran plan (para defraudar) pero sí hubo un gran fraude" y eso significa que "alguno de los controles pudo fallar".

Por otro lado, según han confirmado fuentes judiciales, con total seguridad esta sentencia acabará en el Tribunal Supremo, el cual tendrá que resolver los recursos de casación que eleven las partes, una cuestión que "le llevará años".

Durante el juicio, tras la declaración de los 22 acusados -concluyeron en abril-, expusieron su testimonio más de 120 testigos, cuatro agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y nueve peritos a lo largo de las 152 sesiones desarrolladas en la vista oral.