El futuro judicial del rey emérito no acaba de despejarse. A pesar del archivo de la investigación en Suiza que puso bajo el foco el entramado societario que el monarca habría utilizado para acumular fondos en paraísos fiscales y de las noticias que apuntan a un próximo cierre de las tres investigaciones incoadas por la Fiscalía del Tribunal Supremo, Juan Carlos de Borbón tiene todavía por delante un periplo en los tribunales que podría dificultar su regreso a España.
A día de hoy, la representación del Ministerio Público en el alto tribunal y la Fiscalía Anticorrupción mantienen abiertas tres diligencias de investigación que esperan el visto bueno de la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, para ser archivadas definitivamente. Fuentes jurídicas consultadas por laSexta apuntan que la fundamentación jurídica que se incluirá en esas resoluciones detallará conductas que, a pesar de no merecer reproche penal -entre otras cosas por la inviolabilidad de la que gozó el emérito hasta el año 2014-, resultan poco ejemplares para un jefe de Estado. La principal, que manejó fondos en paraísos fiscales que nunca declaró a la Hacienda pública española.
El borrador de decreto adelantado este lunes por la 'Cadena Cope' avanza al archivo de la investigación sobre el trust de Jersey vinculado al emérito que llegó a acumular 10 millones de euros. El fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, expone en ese escrito que la estructura societaria -creada en el año 2004 por el consejero Joaquín Romero Maura- no tiene en la actualidad al rey emérito como beneficiario, a pesar de haber sido creado con el dinero que el aristócrata Manuel Prado y Colón de Carvajal, amigo íntimo del monarca condenado por el escándalo KIO, recaudó entre empresarios próximos para sostener a la Corona en caso de necesidad. De esa forma, en 1995 y 1997 se crearon dos fondos llamados Thartessos y Hereu que sí tenían a Juan Carlos I como principal beneficiario y por los que nunca llegó a tributar.
La segunda investigación que se abrió al monarca fue la relativa a las denominadas tarjetas 'royal black', que investiga los pagos al emérito y algunos de sus nietos, por valor de 800.000 euros, que habría sufragado el empresario mexicano Allen Sanginés-Krause, valiéndose como supuesto testaferro del coronel del Ejército del Aire, Nicolás Murga Mendoza, antiguo ayudante de cámara de Juan Carlos I. El industrial reconoce únicamente el pago de seis transferencias por valor de 270.000 entre junio de 2017 y octubre de 2018 que financiaron viajes, estancias en hoteles y el cuidado de una yegua llamada Magalí.
La defensa del emérito también espera desde hace meses el archivo de la pieza en la que la Fiscalía del Supremo investiga si el monarca pudo cobrar comisiones por la adjudicación a un consorcio de empresas españolas del AVE que unió Medina con La Meca, en Arabia Saudí. El entramado societario que se habría empleado para esta operación fue investigado por el fiscal del Cantón de Ginebra Yves Bertossa, que archivó las actuaciones en diciembre pasado.
No se demostró el blanqueo
Ese archivo es la única noticia positiva que ha recibido la defensa de Juan Carlos I en los últimos meses. Bertossa cerró el procedimiento que había abierto en 2018 contra el gestor de patrimonio Arturo Gianfranco Fasana -que el emérito compartió con los cabecillas de la trama Gürtel-, el presunto testaferro Dante Canonica, y la expareja del emérito Corinna Larsen, al no poder probar el origen ilícito de los fondos transferidos y, por tanto, la existencia de un delito de blanqueo de capitales.
La sociedad de Fasana, Rhône Gestion, creó el 31 de julio de 2008 en Panamá una fundación opaca al fisco llamada Lucum que recibió varias transferencias que nunca fueron declaradas a la Hacienda española: 100 millones de dólares procedentes del Ministerio de Finanzas de Arabia Saudí ese mismo año 2008; 1,9 millones del sultán de Bahrein en abril de 2010 y otros dos en 2014; y cinco millones de euros del emir de Kuwait en 2010. La Fundación Lucum también fue utilizada, según la investigación suiza, para el préstamo de un millón de euros a la amiga del rey Marta Gayá, y para la compra de dos apartamentos en la localidad suiza de Villars-sur-Ollon a nombre de la propia Larsen, que en junio de 2012 recibió una transferencia de 65 millones de euros con la que se cerró su actividad.
Bertossa también investigó las actividades de una segunda fundación, llamada Zagatka, que el aristócrata Álvaro de Orleans, primo del emérito, creó en Liechtenstein en 2003. Entre los años 2009 y 2018, la Fundación Zagatka destinó 7,9 millones de euros a pagar los vuelos privados que realizó el rey -a menudo en compañía de Corinna Larsen- a destinos como Nassau, Abu Dhabi, Canadá, Kuwait o la República Dominicana. De esta cantidad, 6,1 millones fueron abonados a partir de 2014, año en el que el monarca perdió la inviolabilidad al abdicar en favor de su hijo, Felipe VI.
Dos regularizaciones y una demanda en Reino Unido
Además de la vía penal, el rey Juan Carlos está a la espera de que la Agencia Tributaria valide las dos regularizaciones que su defensa ha realizado en los últimos meses para tratar de esquivar una imputación por delitos fiscales. En diciembre de 2020 la defensa del emérito anunció el pago de 678.393,72 euros a Hacienda para regularizar los pagos de Sanginés-Krause; y en febrero de 2021 se abonaron 4.395.901,95 euros para legalizar ante el fisco los viajes que la Fundación Zagatka le sufragó entre 2014 y 2018.
También está pendiente de resolución el procedimiento civil abierto en el Alto Tribunal de Justicia de Reino Unido después de que Corinna Larsen demandara al rey emérito por el acoso y la vigilancia ilegal que, según ella, sufrió desde el año 2012 por parte de agentes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) que habrían actuado por orden del monarca. La primera decisión del tribunal en el procedimiento, en el que la antigua pareja del rey reclama una indemnización por daños y perjuicios, será determinar si el emérito tiene inmunidad para evitar el proceso, como sostienen sus abogados.