Prioridad nacional ilegal
Bruselas advierte que la prioridad nacional de Vox y PP va en contra del marco legal europeo
Los detalles Según Bruselas, no se pueden pedir más de cinco años de empadronamiento para optar a ayudas, pero en los acuerdos entre derecha y ultraderecha figura que el arraigo para acceder a ciertas ayudas o prestaciones tiene que ser de diez años.
Resumen IA supervisado
Bruselas ha dejado claro que la "prioridad nacional" promovida por Vox, que exige más de cinco años de empadronamiento para acceder a ayudas económicas, contradice el marco legal europeo. El comisario europeo Magnus Brunner ha señalado que los Estados miembros no pueden imponer un requisito de residencia superior a cinco años. Esta política, respaldada por PP y Vox, ha sido cuestionada por Vicent Marzá, eurodiputado de Compromís, quien ha instado a abrir vías judiciales para rectificarla. Carlos Pollán, vicepresidente de Vox, ha admitido que esta prioridad no se reflejará en los Presupuestos. Sin embargo, acuerdos entre derecha y ultraderecha aún contemplan un arraigo de diez años para ciertas ayudas.
* Resumen supervisado por periodistas.
Bruselas deja claro que la llamada prioridad nacional de Vox va en contra del marco legal europeo. Lo ha confirmado el propio comisario europeo Brunner en una respuesta a un eurodiputado español. No se pueden pedir más de cinco años de empadronamiento para optar a ayudas económicas. PP y Vox están pidiendo 10 años.
Es algo que no han parado de repetir durante meses: "Prioridad nacional en el acceso a la vivienda pública". Pero ahora Bruselas asegura que esa prioridad nacional choca con la normativa europea.
"Hay que abrir las vías judiciales para hacer rectificar a aquellos que han aprobado una cuestión basada únicamente en el odio", ha asegurado este martes en una entrevista en Al Rojo Vivo Vicent Marzá, eurodiputado de Compromís.
El propio eurodiputado de Compromís fue el encargado de preguntar a Europa si las políticas basadas en la prioridad nacional son compatibles con sus principios de igualdad y la respuesta del comisario de Migración, por cierto, del PP no deja lugar a dudas. "Los Estados miembros no pueden imponer unilateralmente un requisito de residencia más largo que el período de cinco años", ha asegurado Magnus Brunner.
"Que va en contra de la normativa comunitaria y una normativa, por cierto, de la que el PP español ha votado a favor", ha apuntado Marzá. Quizá por eso hoy mismo por primera vez un vicepresidente de Vox ha confirmado que esa prioridad nacional va a quedar en nada en los Presupuestos. "No hay ningún apartado concreto en el que aparezca la prioridad nacional", ha señalado Carlos Pollán, Vicepresidente de Vox en la Junta de Castilla y León.
Sin embargo, si nos fijamos en los acuerdos entre derecha y ultraderecha figura que el arraigo para acceder a ciertas ayudas o prestaciones tiene que ser de diez años. Un requisito que impuso Vox y que el PP asumió en todos los territorios donde no les daban los números.