La Audiencia Nacional ha anulado y dejado sin efecto el cese de Diego Pérez de los Cobos como jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Madrid (Tres Cantos-Madrid), y ha condenado al Ministerio de Interior a reingresar en su puesto al coronel. Una decisión que, según ha indicado el Ministerio de Interior, será recurrida.
En una sentencia, el magistrado Celestino Salgado estima el recurso presentado por Pérez de los Cobos y, tras analizar los hechos, explica que no se cometió ninguna ilegalidad al no informar sobre una investigación en curso, en este caso, sobre el 8M.
“Lo que es indiscutible es que a pesar del deber legal de reserva y de la orden expresa de la Magistrada a la UOPJ, se cesó al recurrente por no informar del desarrollo de investigaciones y actuaciones de la Guardia Civil, en el marco operativo y de Policía Judicial, con fines de conocimiento”, indica el magistrado.
Por su parte, desde Interior inciden en el rechazo a esta decisión, e indican que habrá una respuesta legal: "Desde el respeto a las decisiones judiciales, al discrepar con la resolución del Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo número 8, se interpondrá recurso contra la misma a través de la Abogacía del Estado", apuntan fuentes del ministerio.
Un hecho que contrasta con lo expuesto por Salgado, que incide en que no se puede concluir "más motivo" que argumental que el cese era ilegal: "Estuvo motivado por cumplir con lo que la ley y el expreso mandato judicial ordenaban tanto a la UOPJ como a sus superiores, no informar del desarrollo de las investigaciones y actuaciones en curso; lo que, entre otras cosas, podría haber sido constitutivo de un ilícito penal", concluye.
"Una motivación ilegal"
En su sentencia, el magistrado señala que el caso de Pérez de los Cobos es "un claro ejercicio desviado de la potestad discrecional, que aparece expresamente recogido en el propio expediente administrativo". De este modo, a pesar de que admite que la decisión fue desvelada en la propuesta de la directora general del Cuerpo, "no informar del desarrollo de las investigaciones de la Guardia Civil" formaba parte del deber de reserva, por el que no debía comunicarse esta información.
"Hemos concluido que aquella motivación es ilegal”, sentencia el magistrado, que incide en que la legalidad no puede ser "arrinconada por la discrecionalidad". Por el contrario, debe ejercitarse dentro de la legalidad.