El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha aprobado el decreto ley de medidas extraordinarias y urgentes para la lucha contra la exclusión social, que prevé la creación de 40.000 contratos para mejorar la empleabilidad de grupos vulnerables como parados que no perciben prestación y familias con todos sus miembros en situación de desempleo.
Además, se articula una red de solidaridad alimentaria que permitirá garantizar las comidas necesarias a unos 70.000 niños y mayores en riesgo de pobreza.
Según ha informado la consejera de Salud y Bienestar Social, María Jesús Montero, la Junta destinará más de 120 millones de euros adicionales a aplicar este decreto dirigido a paliar el impacto de la crisis económica en los colectivos más vulnerables de la comunidad, que se suman a los 74 millones ya consignados en los Presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2013.
El programa de ayudas a la contratación incluido en el decreto ley, dotado con 40 millones de euros, recoge ayudas extraordinarias a los ayuntamientos para la contratación laboral de personas desempleadas y en riesgo de exclusión social, por un periodo de entre 15 días y tres meses, para el desarrollo de actividades de especial interés para la comunidad.
Durante el Pleno del Parlamento celebrado la pasada semana, el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, expuso que se trata de una nueva norma para proteger a las familias más vulnerables en estos momentos de crisis y que, entre otras iniciativas, "vendrá a reformar el salario social", a mejorar la colaboración con los ayuntamientos "para paliar los recortes del Gobierno", y a establecer "una red de solidaridad alimentaria para garantizar" que los niños andaluces en riesgo de exclusión social mantengan una alimentación buena y equilibrada.
Según se ha dado a conocer en los últimos días por miembros del Gobierno andaluz, uno de los ejes de ese decreto ley andaluz de lucha contra la exclusión social será la creación de empleo a través de los ayuntamientos con un plan de acción social, gestionado por los servicios sociales comunitarios, que hará hincapié en la aplicación Ley de dependencia. Para ello, está previsto consignar unos 60 millones de euros.
Otro eje es el relativo a la solidaridad alimentaria, que tiene como objetivo que todos los niños andaluces, de lunes a viernes, tengan garantizadas en sus centros escolares tres comidas (desayuno, almuerzo y merienda). La medida, que también se llevará a cabo a través de ONG o centros del día, contará con una dotación económica de unos 16 millones de euros.
Un tercer eje es el que se refiere a la renta básica, de manera que en un plazo máximo de tres meses, se resuelva el acceso a la misma, toda vez que en este momento no hay un plazo.
El portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Angel Vázquez, anunció días atrás que cuando se aprobase este decreto ley, el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, solicitaría una entrevista al jefe del Ejecutivo nacional, Mariano Rajoy, para plantearle la necesidad de llevar a cabo una estrategia nacional contra la exclusión social.
Griñán ha pedido además al presidente del Gobierno que convoque de forma "inmediata" la Conferencia de Presidentes para abordar allí una estrategia nacional de lucha contra la exclusión social porque la situación del país es "gravísima" y "no podemos cerrar los ojos a esta realidad".