Venezuela arde por los cuatro costados. Las protestas están a la orden del día en el país tras las elecciones que dieron por ganador a Nicolás Maduro, un resultado que no reconoce la oposición ni la Unión Europea.

Su sociedad civil no está dispuesta a aceptar la deriva totalitarista de Maduro y ha salido a la calle. ¿El resultado? Madres que inundan las redes pidiendo justicia para sus hijos. Durante este mes se han producido más de 1.300 detenciones, en su mayoría jóvenes detenidos por cuestiones políticas.

Un atentado directo y descarnado contra los derechos humanos que Maduro quiere blanquear, asegura Amnistía Internacional, con la puesta en marcha de la nueva ley 'anti ONG'.

Este jueves, el Parlamento controlado por el chavismo ha concretado su amenaza de restringir el trabajo de las organizaciones no gubernamentales. Ha sancionado la ley de fiscalización, regularización, actuación y financiamiento de ONG y asociaciones civiles sin fines de lucro, que las obliga a someterse a un nuevo registro y al escrutinio oficial de sus actividades y fuentes de financiamiento.

Ahora. la amenaza es real y las ONG, como PROVEA, con 35 años de historia en el país tienen miedo. "A muchas organizaciones les preocupa que el espíritu de la ley sea controlar cuáles son sus actividades y sus recursos", aseguran.

La ley les obliga a todas a registrarse de nuevo e incluye conceptos jurídicos como "aquellos que inciten al odio o al fascismo" que son demasiado ambiguos para permitir o no su existencia. Las ONG temen que se produzca el efecto Nicaragua, donde fueron ilegalizaras 4.500.