En un documento de "amicus curiae" ante este tribunal, los fiscales pidieron al Supremo que mantenga el último veto migratorio de Trump "para proteger a la nación del terrorismo" y aseguraron que los ocho países afectados son "propensos" a los actos de terror o tienen requisitos de seguridad "inadecuados".
El texto apoya la medida de Trump después de que fuera bloqueada temporalmente a mediados de octubre por un juez federal del estado de Maryland, Theodore Chuang, al considerar que podría discriminar a una minoría religiosa y, por tanto, violar la Primera Enmienda de la Constitución, que protege precisamente la libertad en ese ámbito.
Corea del Norte y Venezuela no fueron incluidos en la decisión del juez porque, en esos países, casi no viven musulmanes y, por tanto, no puede probarse que Trump busque discriminar a una minoría religiosa, como ocurre en las otras seis naciones con una mayoría de musulmanes (Irán, Libia, Siria, Yemen, Somalia y Chad).
"A través de su última prohibición de viaje, la Administración Trump ha tomado medidas significativas y de sentido común para mejorar los procedimientos de investigación y seguridad nacional vitales para proteger al país del terrorismo", apuntó el fiscal Paxton en un comunicado.
"Esperamos que el Tribunal Supremo decida que la prohibición de viajar es legal y constitucional, y debe aplicarse en su totalidad", añadió el procurador texano.
Además de Paxton, los fiscales generales de Alabama, Arizona, Arkansas, Carolina del Sur, Florida, Kansas, Luisiana, Misuri, Ohio, Oklahoma y Virginia Occidental, todos ellos republicanos, suscribieron este documento judicial.