Polémico juicio
El Salvador celebra el megajuicio contra casi 500 miembros de la mara Salvatrucha acusados de 47.000 delitos
La otra cara Amnistía Internacional denuncia que gran parte de los acusados fueron detenidos sin pruebas, ni garantías procesales.
Resumen IA supervisado
En El Salvador, un macrojuicio involucra a cerca de 500 personas acusadas de pertenecer a la peligrosa mara Salvatrucha, enfrentando cargos por 47.000 delitos. El presidente Nayib Bukele ha convertido este proceso en un espectáculo mediático, transmitiéndolo desde una prisión de máxima seguridad. Los acusados, supuestos líderes de la pandilla, enfrentan cargos por narcotráfico, contrabando de armas, secuestros y asesinatos. Aunque Bukele busca recuperar la seguridad nacional tras la violencia de 2022, su enfoque ha sido criticado por su dureza y por ignorar la Constitución. Amnistía Internacional denuncia detenciones sin pruebas ni garantías legales.
* Resumen supervisado por periodistas.
Cerca de 500 personas están siendo juzgadas a la vez en un macrojuicio en El Salvador contra una de las redes criminales más peligrosas de Latinoamérica, la mara Salvatrucha. Sentadas en sillas de plástico dentro de una cárcel, 486 personas están acusadas de ser miembros y de haber cometido 47.000 delitos, mientras que organizaciones humanitarias denuncian detenciones sin pruebas.
Nayib Bukele ha querido exhibir a los presos, convirtiendo el juicio en espectáculo emitido desde una prisión de máxima seguridad. Con los grilletes puestos y por videollamada, 486 personas procesadas presencian el juicio simultáneamente.
Están acusadas de ser líderes y cabecillas de la Mara Salvatrucha, una pandilla criminal considerada por EEUU como organización terrorista y cuyas actividades incluyen el narcotráfico, contrabando de armas, secuestro, robo y asesinatos por encargo. A los procesados se les acusa de haber cometido 47.000 delitos, entre los que hay homicidios, feminicidios y desapariciones.
Bukele prometió recuperar la seguridad del país tras la terrorífica ola de violencia pandillera de 2022, pero lo hizo con una dura política de represión, y pasando por encima de la Constitución y las leyes salvadoreñas, gracias la declaración del estado de excepción.
Aunque muchos de los acusados tienen las iniciales del grupo tatuadas en la cara, Amnistía Internacional denuncia que gran parte de ellos fueron detenidos sin pruebas, ni investigación ni garantías procesales, solo para cumplir una cuota de arresto.
*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.