Miles de argentinos protestan contra los polémicos recortes de Javier Milei frente a la sede del Poder Judicial. No apoyan el polémico Decreto de Necesidad y Urgencia aprobado la pasada semana, tampoco la 'Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad', conocida como Ley Ómnibus y presentada hace unas horas.
En ella se fija que Milei podrá modificar sin pasar por el Parlamento aspectos económicos, políticos y sociales hasta el fin de su mandato en 2027, lo que le otorgaría una mayor concentración de poder. La medida contempla una reforma del sistema electoral, perjudicando a minorías y eliminando la obligatoriedad de primarias en los partidos.
Establece un endurecimiento del código penal contra quienes convoquen a tres o más manifestantes en las calles, elevando la pena hasta seis años de prisión. Porque desde que llegó al cargo, Milei lo ha dejado claro con su particular "el que corta, no cobra". Palabras que comparte su ministra de interior, Patricia Bullrich. "Si rompen algo lo pagan", ha afirmado la titular. Aunque no siempre se han mostrado tan unidos.
"Tirar bombas está mal ¿no?", se preguntaba en campaña Milei, vinculando a Bullrich con actividades terroristas durante la década de los 70 y a la que en el debate electoral preguntó si quería que "esto sea una dictadura", en relación con si aprobaría un Decreto de Necesidad y Urgencia que él, paradójicamente, acaba de aprobar.
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La nueva ley además profundiza en la privatización de 40 empresas, implanta recortes en pensiones y establece una subida de impuestos del 15% a los agricultores. Polémicas modificaciones que también permitirían la entrada de militares extranjeros a suelo argentino para, aseguran, actividades de instrucción.