Meloni pierde el referéndum de su reforma judicial con el 54% de los votos en contra

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha perdido el referéndum al que ha sometido su controvertida reforma judicial, tumbada por más de 54% de los electores, con dos tercios de los votos escrutados. Según datos del Ministerio del Interior, el 'sí' a la reforma ha obtenido un respaldo del 45,81% de los italianos, frente al 54,19% del 'no'.

Meloni ha asegurado este lunes que "seguirá adelante" pese a haber perdido el referéndum de su reforma judicial y ha lamentado la "ocasión perdida" para modernizar el país. "Los italianos han decidido y nosotros respetaremos esta decisión. Seguiremos adelante, como siempre hemos hecho, con responsabilidad, determinación y respeto al pueblo italiano y a Italia", ha dicho Meloni en un vídeo publicado en su cuenta de la red social X.

La mandataria ha subrayado que su Ejecutivo "ha cumplido lo prometido" al tramitar una reforma de la Justicia que formaba parte de su programa electoral, según ha informado EFE. Asimismo, ha defendido que su formación sostuvo la propuesta "hasta el final" para, posteriormente, dejar la última palabra en manos de la ciudadanía: "Nuestra soberanía pertenece al pueblo y los italianos hoy se han expresado con claridad".

A pesar del revés en las urnas, Meloni ha descartado que el resultado condicione la estabilidad de su gabinete, aunque ha admitido su "pesar" por la "oportunidad perdida de modernizar Italia". "Esto no cambia nuestro compromiso de seguir trabajando con seriedad y determinación por el bien de la nación y para honrar el mandato que nos ha sido confiado", ha añadido. La primera ministra ya había adelantado antes de la votación que, independientemente del resultado, no dimitiría.

Mientras, destacados miembros de la oposición, como el líder del Movimiento Cinco Estrellas, Giuseppe Conte, ya han celebrado el resultado: "Lo hemos conseguido. Viva la Constitución", ha escrito en la red X.

Separar las carreras de jueces y fiscales en dos órganos

La reforma, extremadamente compleja y con aspectos muy técnicos, plantea, a rasgos generales, separar las carreras de jueces y fiscales en dos órganos distintos, con dos consejos superiores de la judicatura separados, que funcionen de forma autónoma, y un nuevo órgano disciplinario común para los magistrados, según ha detallado Europa Press.

Uno de los puntos más controvertidos es que algunos miembros del Consejo Superior de la Judicatura —formado por 33 miembros, 20 de los cuales son elegidos por los propios magistrados y otros diez por el Parlamento— sean seleccionados por sorteo, un mecanismo defendido por el Gobierno para poner fin al llamado "faccionalismo".

Detractores de la medida defienden que el sorteo eliminaría la representatividad sin garantizar imparcialidad, produciéndose así una fuerte asimetría entre los cargos elegidos por el Parlamento y aquellos elegidos por los magistrados, que no tendrán legitimidad y serán más susceptibles a influencias políticas. La oposición asegura además que la separación de carreras es un problema inexistente, puesto que el cambio de un cargo a otro solo se permite una vez y durante los primeros diez años de carrera, con la condición de trasladarse a otro distrito judicial o región a fin de garantizar la imparcialidad.

Por otro lado, convertir a los fiscales en un organismo independiente —regulado por su propio consejo superior— conllevaría, a juicio de sus detractores, el riesgo de alejarles de una cultura profesional compartida con los jueces y podría convertirles así en figuras más parecidas a agentes de policía, dando paso a una lógica de resultados, con preferencia por lograr más detenciones y condenas.

La medida tampoco logra mitigar las ineficiencias del sistema judicial, según afirma la oposición, puesto que multiplica los costes y la burocracia, asignando las mismas funciones que realiza un solo organismo a tres diferentes.

La oposición a Meloni también plantea dudas sobre la convocatoria de referéndum, puesto que si el Gobierno hubiese querido intervenir para separar las carreras judiciales, hubiera bastado con plantear una ley ordinaria. La consulta, además, es un referéndum confirmatorio en el que no se necesita alcanzar ningún quórum para que sea válido.

La legislación —planteada por Silvio Berlusconi durante su mandato como primer ministro en el contexto del escándalo de 'Manos Limpias'— ya fue aprobada por el Parlamento en octubre de 2025, si bien al ser una reforma constitucional debía aprobarse por consulta popular al no conseguir dos tercios en la Cámara.

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