Gran ofensiva migratoria
Un juez inicia el proceso para declarar al Gobierno de Trump en desacato por la expulsión de migrantes
El contexto Desde su llegada a la Casa Blanca, Trump ha prometido la mayor deportación de migrantes indocumentados, expulsando casi 1,5 millones. El conflicto surgió al invocar la Ley de Enemigos Extranjeros para expulsar a venezolanos vinculados al Tren de Aragua.
Un juez federal de Estados Unidos, James Boasberg, ha iniciado este miércoles un proceso para declarar al Gobierno del presidente Donald Trump en desacato, tras haber desobedecido una orden judicial que prohibía el envío de más de 200 migrantes, en su mayoría venezolanos, a una megacárcel en El Salvador.
La decisión, en una resolución de más de 40 páginas, acusa al Ejecutivo de Trump de haber ignorado con "completo menosprecio" las instrucciones judiciales y de haber violado la Constitución al permitir la expulsión de los migrantes hacia un país señalado por su historial de derechos humanos.
"La Constitución no tolera la desobediencia intencional de las órdenes judiciales, especialmente por parte de funcionarios que han jurado respetarla", escribió Boasberg en su fallo. "Permitir al Gobierno anular los fallos de las cortes convertiría en una burla solemne a la propia Constitución", añadió.
El conflicto se originó cuando Trump invocó, el 14 de marzo, la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, una legislación que permite la expulsión de individuos durante tiempos de guerra. Bajo esta norma, se acusó a los migrantes, mayoritariamente venezolanos, de pertenecer a la organización criminal Tren de Aragua.
Un día después de la invocación de la ley, Boasberg bloqueó su uso, justo cuando dos aviones cargados con los migrantes ya estaban en ruta hacia El Salvador, y ordenó su regreso. Sin embargo, los vuelos no dieron marcha atrás y aterrizaron en Centroamérica, desatando una batalla legal que ha escalado a niveles insostenibles, con Trump sugiriendo incluso la posibilidad de un juicio político contra el magistrado.
El envío de migrantes a El Salvador ha provocado una creciente ola de rechazo tanto dentro de Estados Unidos como a nivel internacional. La ONG 'Human Rights Watch' acusó a EEUU y El Salvador de incurrir en prácticas de "desaparición forzada" en su informe reciente. A pesar de las críticas, la Administración de Trump defiende las expulsiones, alegando que los migrantes tienen vínculos con pandillas como el Tren de Aragua y MS-13, grupos recientemente clasificados como terroristas por Washington.
Sin embargo, investigaciones de medios de comunicación estadounidenses han revelado que muchos de los migrantes enviados a El Salvador no tienen antecedentes penales, lo que ha generado dudas sobre las justificaciones del Gobierno.
Además, en el marco de este acuerdo, Estados Unidos firmó un pacto con el presidente salvadoreño Nayib Bukele para enviar migrantes detenidos en EEUU a la prisión CECOT, conocida por sus denuncias de abusos a derechos humanos. A cambio, Washington pagará seis millones de dólares anuales para sostener el sistema carcelario en El Salvador.