El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, se ha reunido con los líderes del Congreso para convencerles de la necesidad de llegar a un acuerdo que ponga fin al cierre del Gobierno que entró en vigor el pasado martes.  Fuentes de la Casa Blanca han revelado que el objetivo de Obama era reiterar a los líderes del Congreso que deben aprobar un proyecto de ley para garantizar la financiación de la administración pública, sin condicionamientos políticos.

A su salida de este encuentro, el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano John Boehner, ha dicho que Obama se ha negado otra vez a negociar. Interrogado sobre los detalles de la reunión, ha explicado que han charlado durante una hora de forma educada. Por su parte, el líder de la mayoría demócrata en el Senado, Harry Reid, ha matizado que el jefe de Estado simplemente ha dejado claro que "no se prestará" a las tácticas políticas de los republicanos para negociar los presupuestos generales.

La líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, ha aclarado que Obama no va a invocar la decimocuarta enmienda de la Constitución de Estados Unidos para superar esta crisis política.  La decimocuarta enmienda establece que "la validez de la deuda pública de Estados Unidos, autorizada por ley, no deberá ser cuestionada" y que "el Congreso tendrá el poder hacer cumplir, mediante una legislación apropiada, estas menciones".

El pasado martes entró en vigor el cierre del Gobierno debido a la incapacidad de demócratas y republicanos de llegar a un acuerdo en el Congreso para asegurar la liquidez de la administración pública. Estaba previsto que este 1 de octubre el Tesoro de Estados Unidos superara irremediablemente el límite de endeudamiento público, fijado en 16,7 billones de dólares, cayendo así en una nueva crisis de liquidez que podía llevar al cierre de la administración pública.

Para evitarlo era necesario que republicanos y demócratas se pusieran de acuerdo en el Congreso para ampliar el límite de endeudamiento público hasta los 988.000 millones de dólares, garantizando así el funcionamiento del Gobierno hasta la elaboración de los nuevos presupuestos generales. La oposición republicana había elaborado un plan según el cual se comprometía a apoyar una ampliación del límite de endeudamiento público a cambio de nuevos recortes en el gasto público, centrados en la reforma sanitaria del Gobierno, a la que se conoce popularmente como 'Obamacare'.

Con el objetivo de imponer su plan, la Cámara de Representantes, dominada por los republicanos, aprobó el sábado un proyecto de ley para aplazar un año la aplicación de la reforma sanitaria a cambio de entregar más fondos al Gobierno, pero el Senado, de mayoría demócrata, lo rechazó. A última hora del lunes, la Cámara de Representantes volvió a aprobar, por 228 votos a favor y 201 en contra, otro proyecto de ley con el mismo contenido y el Senado lo volvió a rechazar , con 54 votos en contra y 46 a favor, haciendo casi inevitable el cierre del Gobierno.

En un último intento conciliador, la Cámara de Representantes propuso celebrar una "conferencia legislativa" para crear una comisión bicameral en la que resolver este asunto, pero el Senado se negó. "No iremos con una pistola apuntando a nuestras cabezas", dijo su presidente, Harry Reid.

Aunque, de momento, se desconoce la dimensión de las consecuencias del cierre del Gobierno, la Casa Blanca calcula que dejará en sus casas a 800.000 de los dos millones de funcionarios y que costará unos 10.000 millones de dólares semanales a la economía estadounidense. Desde el Gobierno han garantizado que no afectará a los servicios públicos esenciales. Obama ya ha firmado un proyecto de ley para garantizar los pagos a los miembros de las Fuerzas Armadas y, con ello, la seguridad del país.