La sentencia de la Sala de lo Civil del Alto Tribunal obligará a la entidad a devolver el dinero de dos suscriptores de su oferta pública de acciones, y abre la vía a miles de nuevas reclamaciones. Además, ha rechazado que la causa penal pendiente ante la Audiencia Nacional pueda paralizar las reclamaciones individuales vía civil.
Durante el pleno, el Alto Tribunal ha considerado la decisión por la que las Audiencias Provinciales de Asturias y Valencia anulaban la compra de las acciones por parte los clientes, al estimar que el folleto informativo de la salida a bolsa, que tuvo lugar en julio de 2011, no reflejaba la situación económica real de la entidad. De esta forma, el Supremo rechaza los argumentos de Bankia, y mantiene abiertas las causas en los distintos juzgados españoles a raíz de las demandas de los pequeños inversores.
En su recurso la entidad solicitaba que la sentencia fuese revocada al no justificar "de forma suficiente y adecuada" la falta de veracidad de la información del folleto de la Oferta Pública de Suscripción que, según Bankia, cumplía con la normativa vigente.
Asimismo, Bankia insiste en que los inversores adquirieron las acciones con independencia de la información recogida en el folleto, por lo que "incluso suponiendo que la situación no hubiese sido la descrita", los clientes habrían firmado igualmente el contrato.
El tribunal también se ha pronunciado acerca de la prejudicialidad penal, y rechaza que la causa penal pendiente ante la Audiencia Nacional pueda paralizar las reclamaciones individuales por la vía civil. El Supremo ratifica así las decisiones adoptadas por los tribunales civiles, que hasta el momento, estaban fallando a favor de los inversores.
Con el fin de hacer frente al pago de las posibles indemnizaciones a los accionistas, Bankia y su matriz, el Banco Financiero y de Ahorros anunciaron en diciembre un aumento de la provisión de fondos para causas judiciales de más de 1.000 millones de euros hasta 1.840 millones, con los que hacer frente a demandas que suman unos 820.
Según informó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, Bankia asumirá el 40% del coste de esas indemnizaciones, mientras que el 60% restante corresponderá a Banco Financiero y de Ahorros, participada íntegramente por el Estado y que posee el 64,1% de las acciones de Bankia.
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