Rafael Eduardo Torres fue uno de los que continuó tirando de su tarjeta "black" algunos meses después de dejar su cargo en julio de 2006 porque la persona que se la dio, el exvicesecretario Vicente Espinosa, le "indicó" que "iba a seguir funcionando", pues la caja "admitía pagos y gastos en los meses posteriores" al abandono del puesto. Y paró de usarla porque "dejó de estar operativa", según la declaración que prestó ante el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu el pasado marzo.

El representante de los trabajadores por UGT relató que su visa era para gastos de representación, que podían incluir viajes, comidas o vestuario. Otra partida fue a parar a "gastos de papelería e imprenta", en realidad "circulares, informes y publicaciones" que UGT hacía "para el ámbito en Caja Madrid" y sus más de 12.000 empleados, "dando difusión a la actuación del sindicato" y suya "personal" en los órganos de gobierno y en la asamblea general. 

"Era necesario difundir nuestra labor, al fin y al cabo era una labor de difusión entre los que eran nuestros representados, que eran los trabajadores de la caja", precisó. A diferencia de otros, Torres sí tuvo número PIN, aunque se le trasladó que "no era recomendable" retirar en efectivo porque "no era el destino propio de la tarjeta" y, en su opinión, porque ello "tampoco tenía mucha lógica para una cobertura de gastos de representación". 

También tuvo PIN su compañero en la Comisión el también sindicalista de UGT Miguel Ángel Abejón, pero solo al principio, hasta que se lo quitaron al aumentarle el límite de su tarjeta. Al contrario que el anterior, Abejón entendió su tarjeta visa como un complemento salarial, por lo que creía que la caja incluía estos ingresos en su certificado de haberes. Ello lleva al juez a preguntarle por qué, siendo un complemento retributivo, se le quitó el PIN, a lo que Abejón responde: "Cuando entré en la caja no tenía esa actitud de exigir nada". 

Mientras, el exdirector del gabinete de la secretaría de Estado de Hacienda José María Buenaventura subrayó que su tarjeta la recibió "como un paquete retributivo que tenía asignado Caja Madrid al representante de la Comunidad Autónoma", que era él. Este paquete consistía "en un dinero para cada vez que asistía a las reuniones" y una tarjeta de libre disposición, que también le dio Espinosa, especificándole que era para gastos personales aunque no podía sacar de los cajeros. 

Como retribución, "tenía que haber sido declarada en concepto de rendimiento de trabajo" y debería "haber sido retenida" por Caja Madrid. "Pero en mi caso son obligaciones tributarias prescritas, y en mis declaraciones tributarias las tiene la agencia tributaria y no voy a comentar nada más", zanjó.  El exconsejero del Consejo Económico y Social (CES) Juan Iranzo "estaba convencido" de que su tarjeta "black" era de uso personal porque en los dos años que la usó para comprar en tiendas de lencería o entradas de cine, Caja Madrid "tuvo conocimiento" de sus gastos, "los asumió" y "nunca indicó que la estuviera utilizando inadecuadamente". 

Además, asegura que se sentía seguro por "la confianza" que le daba la cuarta entidad financiera del país, en ese momento "presidida por una persona que había sido el vicepresidente económico del Gobierno y director gerente del FMI", en alusión a Rodrigo Rato. Él carecía de PIN, "probablemente" porque "desde el punto de vista financiero para la entidad, le interesaba mucho más" pagarle "gastos con retraso de dos meses". Sin embargo, preguntado por el juez sobre si en otras empresas como Red Eléctrica, de la que fue consejero, recibió una visa de este tipo, admitió que "en ningún momento, pero es cierto que en el pasado había otros criterios".