El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ya ha dejado claro en sus primeras semanas en el cargo que el objetivo de "la vivienda como derecho" será uno de los principales objetivos del nuevo Gobierno, que apostará de nuevo por un mercado del alquiler, como ya hizo el PSOE durante el mandato de Zapatero.
Para ello, el nuevo Ejecutivo planea reformar la ley del alquiler, y para ello se prevé que utilice las propuestas de ley que tumbó la Mesa del Congreso durante la etapa de Rajoy. Para conseguir estos objetivos, el PSOE tratará de conseguir el apoyo de Podemos, que ya le pidió en una reunión en Moncloa la reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos "para acabar con la burbuja del alquiler", o una ley de vivienda en los términos propuestos por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH).
Una de las medidas que quiere implantar el Gobierno es la ampliación del contrato mínimo de alquiler desde los tres a los cinco años. De esta manera, se pretende que aunque la duración del alquiler sea pactada por ambas partes, si esta fuese inferior a cinco años se ampliaría obligatoriamente hasta que alcance una duración mínima de cinco años una vez venza el contrato.
En El Objetivo, la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo aseguró que "se está produciendo una burbuja del alquiler" y apuesta por "facilitar el tipo de contratación y el tiempo de contratación" para que "la vía del alquiler sea una vía mucho más fácil". Para ello, se propondría algún tipo de desgravación para jóvenes entre 18 y 30 años para que el alquiler sea más asequible.
Otra de las propuestas que quiere analizar el Gobierno es la de controlar el precio del alquiler limitando la subida de sus precios al IPC, de tal manera que se evitaría una subida descontrolada. Además, también se plantea dar incentivos fiscales a los arrendatarios que pongan precios asequibles.
Millón y medio de funcionarios, más sus familias
Miedo e incertidumbre entre los mutualistas de Muface: "Necesito una operación que mi compañía no me la cubre"
¿Por qué es importante? Son cuatro millones de personas las que ahora temen quedar en un limbo después de que la mutua y el Gobierno no alcancen un acuerdo para renovar la licitación.