En Consejo de Ministros

El Gobierno impondrá multas de hasta seis millones de euros a las eléctricas que hagan 'spam' telefónico sin consentimiento previo del consumidor

Los detalles El Real Decreto que el Ministerio para la Transición Ecológica lleva al Consejo de Ministros de este martes prohíbe las llamadas a los hogares para hacer publicidad cuando no las haya solicitado expresamente el consumidor con carácter previo o sea él quien llame a la compañía.

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, durante un actoLa vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, durante un actoAgencia EFE
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El Gobierno pone freno al 'spam' telefónico que realizan las comercializadoras eléctricas. En un real decreto que aprobará el Consejo de Ministros este martes, el Ministerio para la Transición Ecológica impondrá un régimen sancionador que conllevará multas de entre 600.001 y seis millones de euros.

Según confirman fuentes del Ministerio a laSexta, este real decreto prohíbe, con carácter general, las llamadas telefónicas a los hogares para hacer publicidad o para prácticas de contratación cuando no las haya solicitado expresamente el consumidor con carácter previo o que sea él mismo quien llame a la compañía.

Las infracciones será consideradas como graves de acuerdo con el artículo 65.25 de la Ley 24/2013, siendo la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC) la competente para incoar y resolver este tipo infractor.

Esta medida se trata de un paso más del Gobierno de poner fin a las llamadas 'spam'. El pasado mes de diciembre, el Congreso de los Diputados dio luz verde a la nueva Ley de Atención al Cliente, que obliga a las empresas a identificar sus llamadas mediante un prefijo telefónico específico, mientras que otro código diferenciado señalizará las llamadas de servicio o atención al cliente.

Los operadores deberán bloquear automáticamente las comunicaciones que no cumplan con este sistema de identificación. Además, cualquier contrato cerrado durante una llamada comercial no autorizada se considerará nulo, reforzando la protección del usuario frente al marketing agresivo.

La norma también eleva los estándares mínimos de calidad en la atención al consumidor. Las grandes empresas tendrán que garantizar que el 95% de las llamadas se atienden en menos de tres minutos y que el servicio ofrecido sea personalizado, reduciendo el uso abusivo de contestadores automáticos.

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