654 expedientes, en tramitación
La Generalitat impone las primeras multas por la ley de vivienda con 30.000 euros a tres grandes tenedores
El dato Las multas previstas por incumplir la ley de vivienda en Cataluña, la primera comunidad autónoma en aprobar su régimen sancionador, oscilan entre los 3.000 y los 900.000 euros, en función de la gravedad de la infracción.
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La Generalitat de Cataluña ha impuesto las primeras multas por incumplir la ley de vivienda, sancionando a tres grandes tenedores con 30.000 euros cada uno. Estas multas han sido notificadas, mientras otras tres esperan notificación. En total, se han dictado seis resoluciones sancionadoras, con 654 expedientes en tramitación. En febrero, el Govern abrió 13 expedientes por incumplimientos relacionados con el control del precio del alquiler. En marzo, tras un desahucio, se anunciaron más expedientes. A finales de abril, había 529 expedientes en trámite, principalmente por superar topes de alquiler. Las multas en Cataluña varían entre 3.000 y 900.000 euros, según la infracción.
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La Generalitat ha impuesto las primeras multas por incumplimientos de la ley de vivienda en Cataluña, que han recaído en tres grandes tenedores y tienen un importe de 30.000 euros cada una.
Según los datos a los que ha tenido acceso EFE, estas tres multas ya han sido notificadas a los interesados, mientras que hay otras tres sanciones con el expediente ya cerrado y pendientes de notificación a 1 de julio de 2026. Son procedimientos que ha pilotado la Agència de l'Habitatge de Catalunya, el ente encargado de fiscalizar el cumplimiento de la ley de vivienda, y que lleva a cabo investigaciones tanto de oficio como a raíz de denuncias.
En total, pues, hay seis resoluciones sancionadoras dictadas y ya cerradas, mientras que 654 expedientes siguen en tramitación (y podrían terminar bien en otras sanciones o bien archivados).
En febrero de este año, el Govern anunció que abría los primeros 13 expedientes por incumplimiento de las medidas encaminadas a contener el precio del alquiler establecidas por la ley de vivienda. De estos expedientes, seis los tramitaba la Agència de l'Habitatge de Catalunya, mientras que otros siete estaban en manos de la Agència Catalana de Consum.
En marzo, a raíz del desahucio del bloque de la calle Sant Agustí, la Generalitat anunció que abriría un expediente a la empresa que quería transformarlo en una covivienda y avanzó que ya tenía 423 diligencias previas abiertas y 22 expedientes en fase de sanción.
A finales de abril, el número de expedientes en trámite ya subía hasta los 529, de los que un 89 % se encontraban en la fase de diligencias previas. En ese momento, según informó la Generalitat, un 79 % de los expedientes eran a propietarios que se habían saltado los topes del alquiler. Otras irregularidades investigadas eran la repercusión indebida de los gastos de gestión inmobiliaria o en la formalización del contrato de alquiler, así como la falta de constancia de la condición de gran tenedor o del precio. Dos meses más tarde, ya se han impuesto las primeras seis multas.
Las multas previstas por incumplir la ley de vivienda en Cataluña, la primera comunidad autónoma en aprobar su régimen sancionador, oscilan entre los 3.000 y los 900.000 euros, en función de la gravedad de la infracción.
El Govern aprobó en 2025 este régimen sancionador mediante un decreto ley pactado con los comunes, y el Parlament lo convalidó con los votos de PSC, ERC, Comuns y la CUP. Junts, PP, Vox y Aliança Catalana votaron en contra.
En el acuerdo de presupuestos, el grupo parlamentario que encabeza Jéssica Albiach también acordó con el ejecutivo catalán crear una Dirección General de Disciplina que persiga a quienes incumplan la ley de vivienda, tras el refuerzo de 100 inspectores de vivienda más acordado a finales de 2025.