En un auto, el magistrado explica que los directores de las sucursales implicados permitieron el uso de testaferros y actividades económicas no justificadas con repetición de un patrón falsario de ingresos en efectivo para eludir a Hacienda y sin controlar a los clientes.
Fuentes de CaixaBank han negado cualquier tipo de colaboración en este supuesto lavado de dinero y han defendido que en la entidad existe una cultura de cumplimiento normativo con empleados formados que tienen la obligación de seguir las normas antiblanqueo.