EL RETRASO QUE SALE CARO
En España faltan más de la mitad de las zonas de bajas emisiones que nos exigen desde Europa y lo vamos a pagar todos
La ley obligaba a tener Zonas de Bajas Emisiones –ZBE– en municipios con más de 50.000 habitantes desde enero de 2023, pero casi dos años después, más de la mitad de las ciudades españolas siguen sin aplicar sus zonas de bajas emisiones. Bruselas ya ha tomado nota y los ayuntamientos se enfrentan a posibles sanciones millonarias. El tiempo se agota, y esta vez el castigo podría no quedarse solo en los despachos.
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A estas alturas, España vuelve a suspender en deberes europeos. Las zonas de bajas emisiones, ese invento para reducir la contaminación urbana y limitar la circulación de los coches más viejos, tendrían que estar operativas en todas las ciudades de más de 50.000 habitantes desde enero de 2023. Pero la realidad es muy distinta: menos de la mitad de los municipios han cumplido con la norma.
Madrid y Barcelona sí lo hicieron, pero el resto va con años de retraso. En total, deberían existir unas 149 zonas activas en todo el país, y apenas una treintena funcionan realmente. El resto sigue “en proyecto”, “en fase de diseño” o directamente “paralizadas por falta de consenso político”.
Bruselas ya ha advertido a España de que no valen las excusas. La Directiva de Calidad del Aire es clara: el incumplimiento sistemático de los límites de contaminación conllevará sanciones. Y esas multas no las pagarán los alcaldes, sino todos los ciudadanos.
Los ayuntamientos se hacen los suecos
Cada consistorio tiene su propia explicación. Unos alegan que no tienen presupuesto para instalar cámaras o señalización; otros, que necesitan más tiempo para consensuar las normas con los comerciantes y vecinos. Pero mientras discuten, el calendario avanza y las partículas siguen en el aire.
El Ministerio para la Transición Ecológica ha vuelto a insistir en que no hay margen. Bruselas ha abierto ya expedientes informativos a España y otros países rezagados, y la amenaza de sanción es real. El problema es que cada ciudad gestiona la ZBE a su manera, sin una estrategia común ni plazos coordinados.
Y el resultado es un caos normativo. Hay zonas que solo prohíben circular a los vehículos sin etiqueta; otras, que aplican restricciones por días o niveles de contaminación. En algunas ni siquiera hay cámaras de control, lo que convierte la medida en un simple cartel sin efecto real.
El castigo lo pagaremos todos
Si las sanciones llegan, las asumirá el Estado, es decir, los contribuyentes. No es la primera vez que España acumula multas europeas por incumplir normas medioambientales. La diferencia es que esta vez afecta directamente a la salud y al bolsillo de millones de conductores.
Y lo más grave es que todo esto ocurre mientras el coche se ha convertido en el enemigo público número uno. Los conductores soportan multas, etiquetas y restricciones, y aun así el aire sigue sin mejorar porque las medidas llegan tarde y mal.
Lo paradójico es que las ZBE funcionan cuando se aplican bien. En ciudades europeas donde llevan años implantadas, como París o Milán, los niveles de contaminación han caído en torno a un 30 %. Aquí, en cambio, seguimos discutiendo si poner cámaras o no mientras los plazos legales se agotan.
En definitiva, España corre el riesgo de recibir un nuevo tirón de orejas de Bruselas, y esta vez con factura incluida. La falta de planificación, la lentitud administrativa y la política del “ya veremos” están poniendo en peligro no solo los objetivos de calidad del aire, sino también millones de euros en fondos europeos. Porque si algo está claro es que, cuando Europa reclama, siempre acabamos pagando los de abajo.
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