Pedro Sánchez alertó en su comparecencia en el Congreso de las amenazas híbridas para justificar la necesidad de incrementar el gasto en seguridad. Aseguraba que no habría peligro en que Rusia nos invadiera con tanques pero sí que existían otro tipo de amenazas que nos exponían y entre las que se encontraban los ataques cibernéticos. No sabemos aún cuáles han sido las causas de la crisis de electricidad, aunque ya hay muchas evidencias de que se debe a un desequilibrio en el mix energético y no a un ataque hostil, pero lo que sí podemos concluir es que el Gobierno sabía que existía la posibilidad de un ataque a infraestructuras críticas que pudieran provocar un apagón. Sabían de la existencia de una amenaza y lo que ha quedado en evidencia es que no ha habido un protocolo efectivo de comunicación con la ciudadanía y de protección civil que sirviera para aportar algo de certidumbre y calma en una situación tan excepcional.

No me importa cuál haya sido la causa del apagón, pero sí es preceptivo evaluar la reacción del ejecutivo tanto en la solución de la crisis como en la manera en la que se informa de esa solución. Ha sido una evidencia que el apagón de luz ha generado un apagón gubernamental en el que no se informó en tiempo real a la ciudadanía de las instrucciones a seguir para evitar riesgos. Los ciudadanos no necesitan saber en los primeros momentos y cuando se produce el apagón si la corriente en España gira a 50 hertzios y que el desequilibrio entre la demanda y la producción puede provocar un desequilibrio que afecte a la distribución en cadena y provoque un cero, ni las causas específicas y técnicas por las que eso se ha producido. Pero sí necesita saber cómo actuar en caso de que algún familiar esté encerrado en un ascensor, cómo actuar aquellas personas que han quedado aisladas en medio de un viaje, el estado de las carreteras para saber si es aconsejable coger el coche, la información precisa para conocer la situación y saber qué es un apagón general para no llamar al 112 de manera generalizada, si los servicios de distribución de agua estarán operativos para evitar acudir a los supermercados a hacer acopio, o si el sistema estará operativo en unas horas para no tomar decisiones apresuradas.

La primera información del Gobierno a la ciudadanía se produjo cinco horas y media después de que se produjera el apagón sin aportar más luz que la poca que todos los ciudadanos habían sido capaces de asegurarse por sí mismos. Pedro Sánchez usó su comparecencia para decir que se evitaran los desplazamientos, que se hagan llamadas cortas y que se haga caso de las fuentes oficiales para evitar la desinformación. Sonaba a broma el hecho de que apelara a que usáramos fuentes oficiales para lograr información cuando el blackout del Gobierno ha sido de más de cinco horas.

No se comprende que el Gobierno no hubiera informado de manera gradual con la información de la que iba disponiendo desde el primer momento a través de la portavoz del Gobierno o de algún portavoz autorizado de protección civil. No se comprende que Radio Nacional de España no haya sido utilizado para informar en bucle de la situación y de las advertencias en seguridad y de servicio público a la que acudir en una situación en la que no era posible usar las redes de comunicación tradicionales.

Es verdaderamente frustrante asistir a un error de comunicación pública tan nefasto y parecido al que se dio durante la DANA. Un error que deja el camino expedito para la antipolítica al dejar vacío un sitio que ocupará de manera irremisible la extrema derecha para aprovechar la situación y capitalizar el desconcierto. El apagón nos libró de la desinformación masiva por la imposibilidad de generar contenido tóxico en las redes sociales y de consultar ese mismo contenido, pero son ya demasiadas las veces que se deja al azar la posibilidad de que esas faltas de reflejos a la hora de informar y actuar se concreten en una involución o tragedia. No solo importa estar en el lugar correcto y trabajando para solucionar las problemas, es igualmente importante informar a la ciudadanía de que el Estado está trabajando e informando de manera adecuada para no incrementar el peligro, el desconcierto y la incertidumbre.