Un sargento de la Guardia Civil ha sido condenado a 19 años de prisión por violar y maltratar sistemáticamente durante años a una subordinada a quien incluso obligó a abortar cuando se quedó embarazada. Sin embargo, el agresor no solo continúa en libertad, sino que sigue en activo y ejerciendo aún como sargento, según denuncia la abogada de la víctima, Laura Pérez Botella.

Su clienta, explica, "está consolada por al sentencia" que "lo que hace es reconocer que lo que le pasó es cierto y por fin la han creído, porque su gran terror era que no la creyeran". No obstante, apunta, "él está en libertad porque el tribunal, mientras la sentencia no sea firme, ha acordado una serie de medidas cautelares, como retirada de arma, retirada de pasaporte y demás".

"Si no está apartado del servicio es porque la Dirección General de la Guardia Civil así lo acordó", incide la letrada, que señala que "consideran que es un buen mando y siempre lo han considerado y siempre lo han tenido en activo", con la excepción de "un periodo pequeño de tiempo" en el que "estuvo suspendido a causa de la alarma social que creó cuando esta noticia saltó a los medios en el año 2017".

El resto del tiempo, precisa, "a pesar de estar encausado y procesado, la Dirección General de la Guardia Civil nunca ha considerado necesario ser apartado".

A su juicio, el problema son "sus superiores, tanto el capitán de la compañía como los mandos superiores allí en la Comandancia de Murcia", por un "mal entendido corporativismo": "El propio coronel cuando cuando fue interrogado lo dijo: 'Es que es un sargento y es un hombre casado'. Esa fue su explicación de por qué no habían creído nunca la versión de ella y sí la versión del sargento: es un hombre casado y con hijos y ella es una guardia madre soltera", denuncia Pérez Botella.

Por otra parte, explica, aunque su clienta tiene reconocida la incapacidad permanente absoluta "tanto por los médicos forenses del Tribunal Superior de Justicia de Murcia como por los médicos militares", no está retirada y es todavía una guardia civil en activo, aunque de baja médica, "porque la Dirección General de la Guardia Civil paralizó el expediente de incapacitación a resultas de lo que dijera la sentencia".

"Según la Dirección General de la Guardia Civil, las secuelas que presenta, a pesar de que lo que dicen los médicos militares, son de carácter común y no derivadas de acto de servicio, como reconoce la sentencia, reconocen los médicos militares y reconocen los forenses", incide la abogada.

Además, denuncia que "cuando un compañero se atrevió a poner en conocimiento los hechos, no solo no fue escuchado, sino que fue expedientado por atreverse a dar cuenta del sargento y cuando una teniente sí que la creyó y la intentó ayudar, al final a las que expedientaron fue a la guardia y a la teniente". "Hay que procurar sacar esto de las comandancias y llevarlo directamente a Madrid, que se pueda saltar la cadena de mando, porque si no, siempre se van a tapar ente ellos", asevera.

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