El grueso de las pérdidas, destacan, no está en los hogares más golpeados por la crisis que puentean la energía, en algunos casos de forma evidente, está relacionado en su mayor parte con la aparición de grupos organizados que usan mecanismos cada vez más sofisticados en grandes puntos de consumo como industrias y barrios residenciales.
Competencia sugiere que estas pérdidas las asuman las empresas porque los consumidores ya pagamos una cuantía fija al mes para cubrir estos "inconvenientes". El informe destaca la profesionalización del fraude. Es decir, que piratear el contador eléctrico o robarle la luz al vecino es cada día una práctica más extendida en España.
Y se ha incentivado por la ausencia de riesgo económico que supone cometer fraude en la actualidad. Y todo ello a pesar del aumento del número de inspecciones y de expedientes por fraude. Sólo en 2014 había abiertos casi 165.000.
Competencia ha remitido al Ministerio de Industria una serie de propuestas para mejorar los mecanismos de prevención y detección del fraude. Entre ellas los verificadores de fraude, que vigilarían que conexiones, inspecciones y mantenimientos son correctos.
Hay hasta Ayuntamientos fraudulentos como el de Navalcarnero enganchado, sin contratos, clandestinamente durante más de dos años y medio y que se quedó sin luz durante dos días.
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