Por diez euros por persona, viven ocho en un apartamento. La Comunidad Valenciana también vive su propia invasión de pisos de alquiler entre particulares. Y en la consejería ya han empezado a investigar los anuncios en busca de fraudes al fisco.
En Andalucía dependía de la ley de arrendamientos urbanos y pasó a legislación de carácter turística, pero sin una regulación específica, por lo que quedan en un limbo. Madrid y Cataluña se han puesto a la cabeza a la hora de regular este tipo de alojamientos.
Según la patronal hotelera, hay menos de un millón y medio de apartamentos legales, frente a los más de dos millones de plazas anunciadas solo en internet. ¿Su atractivo? Son mucho más baratos.
Pero a cambio, poca o ninguna capacidad para reclamar en caso de mal servicio. Las inmobiliarias se quejan de que no tributan, de que no dan empleo, pero no piden una prohibición.
Piden pelear en igualdad de condiciones. Porque pese a la falta de legislación, Andalucía ya ha empezado a perseguir esta modalidad de vacaciones, con multas que pueden ir desde los 2.000 a los 150.000 euros.