En la cumbre del G7 la influencia de la extrema derecha ha dejado su marca al eliminar referencias explícitas al aborto en las conclusiones finales. La propuesta inicial de proteger el acceso al aborto seguro y legal ha sido reemplazada por un lenguaje más vago sobre la promoción de la salud reproductiva y maternal.
Este cambio refleja una preocupante tendencia global que puede amenazar el derecho al aborto. En Brasil, por ejemplo, se plantea equiparar el aborto después de la semana 22 al homicidio, incluso en casos de violación, con penas de hasta 20 años de cárcel para las mujeres que aborten. Este intento ha desatado protestas masivas en el país.
Estas decisiones pone en peligro los derechos que costaron años de lucha conseguir. En Argentina, donde el aborto fue legalizado recientemente, la amenaza de derogar la ley y penalizar el aborto está presente con la llegada del presidente Javier Milei.
El panorama en Europa también es preocupante, con países como Polonia que queda prohibido en casi todos los supuestos y en Hungría se obliga a escuchar el latido fetal. En Italia, grupos antiabortistas acosan a las mujeres en las clínicas.
En Estados Unidos se ponen trabas a las mujeres, como informa el New York Times, 171.000 mujeres viajaron para abortar el año pasado. Más de 14.000 pacientes de Texas cruzaron la frontera hacia Nuevo México para realizarse un aborto el año pasado. Otros 16.000 abandonaron los estados del sur con destino a Illinois. Y casi 12.000 más viajaron al norte desde Carolina del Sur y Georgia hasta Carolina del Norte.
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La mayoría de las pacientes que viajaban -y que podían permitírselo- se dirigían al siguiente estado más cercano que permitiera abortos. Según la OMS, 39.000 mujeres mueren al año debido a abortos no seguros, y 22 millones viven en países con leyes restrictivas sobre el aborto.
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