Isabel Díaz Ayuso se ha defendido ante la denuncia a su pareja por presunto fraude fiscal. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha asegurado que esta denuncia parte de una "inspección fiscal a un ciudadano que nada tiene que ver" con su Gobierno. Así ha justificado Ayuso que su pareja haya, presuntamente, defraudado 350.000 euros a Hacienda durante la pandemia con facturas falsas y empresas pantalla.
Y es que no se trata de una inspección fiscal. Lo que empezó siendo una larga investigación de la Agencia Tributaria ya está en manos de la Fiscalía Provincial de Madrid, que es la que el pasado 5 de marzo presentaba una querella contra Alberto González en los juzgados.
Está acusado de tres delitos. Dos de ellos por fraude fiscal. Se le acusa de haber defraudado a Hacienda 351.000 euros en el Impuesto de Sociedades durante los ejercicios de 2020 y 2021. Además, se le acusa de un tercer delito de falsedad documental por aportar facturas falsas.
Además, hay otros cuatro implicados. La pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González, por ser el propietario al 100% de las dos empresas del ámbito sanitario que se investigan; pero además hay otros cuatro empresarios: tres andaluces y uno de origen mexicano que estarían detrás facturas ficticias sobre gastos que nunca se hicieron.
En total, existen 15 facturas repartidas en esos dos años por valor de 1.750.000 euros que habrían servido a González para desgravar gastos que nunca se hicieron, reducir los beneficios reales y pagar menos impuestos.
Además, la pareja de Isabel Díaz Ayuso podría haber incurrido en un delito penal si se confirma que su intención era defraudar a Hacienda. Para ello tienen que cumplirse dos condicionantes: que la cantidad defraudada supere los 120.000 euros, como es el caso, y que exista dolo; es decir, intención o voluntad de defraudar al fisco.
Así se recoge en el informe de la Agencia Tributaria, que dicta que hay una intencionalidad querida y buscada para reducir la carga fiscal en los años en los que se disparan los beneficios de su empresa.
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Otro de los hechos que le apuntan es que él mismo trató regularizar su situación siendo consciente de que podía incurrir en un delito. Lo hizo en julio de 2023, al saber que se le había abierto una investigación. Tras la negativa de Hacienda, intentó justificar que esas facturas ficticias habían sido anuladas y el Fisco comprobó que esto también era falso.