El PP de Madrid ha registrado una proposición de ley para modificar el estatuto de los expresidentes de la Comunidad, generando especulaciones sobre las verdaderas intenciones de Isabel Díaz Ayuso. La propuesta argumenta la necesidad de establecer un régimen aplicable a quienes hayan ejercido la representación del Estado en la Comunidad Autónoma, y que puedan aportar aún después de dejar la presidencia. Sin embargo, la oposición sostiene que esta iniciativa busca reinstaurar la paga vitalicia de 8.500 euros.

En el contexto nacional, se observa que al menos nueve comunidades autónomas contemplan algún tipo de asignación o compensación para sus expresidentes. Cataluña, Navarra y Galicia ofrecen indemnizaciones por cese, mientras que otras, como País Vasco, Castilla y León, o la Comunidad Valenciana, optan por Consejos Consultivos con salarios que rondan entre los 70.000 y 80.000 euros. Cataluña y el País Vasco incluso otorgan pensiones equivalentes al 60% y 50% del salario del expresidente, respectivamente. La propuesta madrileña parece insertarse en esta tendencia.

La polémica se intensifica al recordar casos anteriores en Madrid, donde expresidentes regionales recibieron una paga vitalicia como miembros del Consejo Consultivo. La falta de detalles en la propuesta del PP ha llevado a especulaciones sobre si Díaz Ayuso busca realmente establecer un sueldo vitalicio para sí misma y sus predecesores. La propuesta de Díaz Ayuso generando reacciones críticas desde la oposición y alimentando la discusión sobre la necesidad de regular de manera transparente el estatuto de los expresidentes autonómicos en Madrid.

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