Carles Puigdemont ha dejado claro qué tiene que pasar para que Junts negocie con el PSOE su apoyo a una investidura de Pedro Sánchez. Además de pedir que el Estado reconozca la "legitimidad" del independentismo y que ofrezcan garantías de cumplimiento de los acuerdos, la petición que más titulares ha acaparado es pedir una ley de amnistía.

Puigdemont pide que toda las causas penales de los encausados por el 'procés' desaparezcan, que el referéndum ilegal del 1 de octubre no sea delito, que haya un mediador. Una vez alcanzados estos objetivos, ya sería el momento de empezar a hablar de un referéndum.

La primera pregunta que cabe hacerse es si da tiempo a que una ley de este calado entre en vigor, algo que sí que puede darse. La primera clave está en la fórmula, porque tanto la urgencia que reclama Junts como que el Gobierno esté en funciones obligan a que esa petición se tramite como proposición de ley, no como proyecto de ley.

Esto significa que solo necesita que lo registren 15 diputados, tiene plazos más cortos de lo habitual y se evitan informes de órganos como el Consejo General del Poder Judicial o el Consejo de Estado que puedan entorpecer que salga adelante.

La segunda clave estaría en la Mesa, con mayoría progresista gracias, entre otros, a los votos de los propios independentistas. Si la Mesa da luz verde y, pasados 30 días, el Gobierno no se pronuncia en contra, pasaría directamente al Pleno para su aprobación.

El siguiente paso de esta proposición de ley sería el Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta. No obstante, los 'populares' no pueden boicotearla, paralizarla o dilatar su tramitación. Si el Gobierno pide que su tramitación se lleve por la vía urgente, se acortan los tiempos por norma. Porque el reglamento de la Cámara obliga a reducir a 20 días los dos meses de plazo habituales en la tramitación ordinaria, así que los senadores populares podrían dilatar los plazos como mucho hasta 20 días, aunque la vetaran por completo.

Pero es que hay más, porque ni siquiera así quedaría fuera de plazo. El texto volvería al Congreso sin cambios y saldría adelante con los votos que hicieron a Armengol presidenta. Los independentistas se acogen a un precedente para justificar los plazos que exige Puigdemont: la modificación del Código Penal que permitió derogar el delito de sedición. En apenas un mes, el Congreso daba luz verde a la reforma y dos meses después de registrarse, entraba en vigor.

Puigdemont: "Hoy no existen las condiciones para llegar a ese acuerdo"

Puigdemont exige una ley de amnistía antes de negociar la investidura y un referéndum acordado después |

En su comparecencia desde Bruselas, Carles Puigdemont ha reconocido que, a día de hoy, Junts no puede ofrecer su apoyo a la investidura de Pedro Sánchez. Para que esto ocurra, tienen que darse estas condiciones que precedan a una negociación con el que se pueda alcanzar un "acuerdo histórico".

"Hoy no existen las condiciones para llegar a ese acuerdo; si hay interés, esas condiciones se deberían crear", ha comentado el expresident de la Generalitat, que cree que hacer ver "estos elementos no existen o ignorarlos no permitirían resolver conflicto", refiriéndose a la sentencia del Constitucional de 2010, "incompatible con el pacto constitucional de 1978".

"Está al alcance del Gobierno español que inicie ley de amnistía, pero también es responsabilidad del Gobierno en funciones, a través de la Fiscalía y de la abogacía del Estado, y se tiene que hacer para reparar una injusticia, no para olvidar", ha añadido.

Feijóo: "¿Junts? Si me va a proponer la amnistía, nos podemos ahorrar la reunión"

Feijóo, al diálogo con Junts: "Si me va a proponer la amnistía, nos podemos ahorrar la reunión" |

En respuesta a las palabras de Puigdemont, el candidato a la investidura, Alberto Núñez Feijóo, se ha replanteado la opción de sentarse a negociar con Junts para intentar lograr su apoyo para ser elegido presidente del Gobierno. El líder del PP lo ha dejado claro: "No tiene sentido tener una reunión para trasladarme que tengo que aceptar una amnistía previa a mi investidura".

Feijóo ve "imposible" que el PP acepte las exigencias de Junts y "pagar el precio que ha fijado Puigdemont". "Si quiere hacer otro planteamiento que nos lo diga, pero parece que lo más operativo es que no haya reunión", ha insistido.

La respuesta del Gobierno ha sido la contraria. Fuentes consultadas por laSexta se muestran optimistas de cara a la negociación con el expresident de la Generalitat, aunque reconocen que hay cosas que no van a estar resueltas antes de que se acabe el plazo para una convocatoria electoral.

En Moncloa ya se asume que hay que trabajar en una fórmula jurídica que de alivio penal al procés. Para ellos, lo importante es que Puigdemont se ha abierto a las negociaciones, asegurando que "nada se va a hacer fuera del marco constitucional".

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