Nuevas pruebas
40 años del ataque al 'Rainbow Warrior', el buque estrella de Greenpeace: un atentado que Francia nunca quiso reconocer
¿Qué pasó? El atentado contra el Rainbow Warrior fue planeado por los servicios secretos franceses y ejecutado para frenar las protestas antinucleares en la Polinesia. La operación, aprobada por el propio Mitterrand, causó la muerte de un civil y un escándalo diplomático. Aún hoy, ningún responsable ha sido condenado.
Han pasado 40 años desde que una bomba destrozó el Rainbow Warrior en el puerto de Auckland, Nueva Zelanda. Era el buque insignia de Greenpeace, símbolo de la lucha ecologista contra las pruebas nucleares que Francia realizaba en la Polinesia. El 10 de julio de 1985, el barco fue volado por los servicios secretos franceses. Un atentado que dejó un muerto y una larga lista de preguntas sin respuesta.
Hoy, cuatro décadas después, nuevas pruebas confirman lo que muchos sospechaban: la operación fue ordenada por el entonces presidente François Mitterrand. Y lo peor es que nadie ha pagado por ello.
El objetivo de Francia era claro: silenciar a Greenpeace. Durante semanas, la organización había denunciado las pruebas nucleares que el Gobierno francés realizaba en territorios del Pacífico Sur. El Rainbow Warrior se dirigía justo hacia esa zona para impedir una nueva explosión atómica. Pero nunca llegó. El Estado francés decidió eliminar el problema de raíz.
Según documentos recién desclasificados en Francia, fue Mitterrand en persona quien aprobó la operación. Lo llamó "acción de neutralización". El plan era hundir el barco en una escala prevista en Nueva Zelanda. Y así fue. Dos agentes de la Dirección General de Seguridad Exterior (DGSE), buzos entrenados, colocaron explosivos en el casco del Rainbow Warrior.
La primera explosión causó daños. La segunda lo hundió. A bordo había 12 personas. Todas lograron escapar, excepto el fotógrafo portugués Fernando Pereira. Quedó atrapado mientras intentaba recuperar su equipo en su camarote. Murió ahogado cuando el barco se fue al fondo.
Lo que vino después fue casi tan escandaloso como el atentado. La policía neozelandesa detuvo a dos de los autores. Usaban pasaportes suizos falsos, pero resultaron ser agentes franceses. Fueron juzgados en Nueva Zelanda y condenados a diez años de prisión. Pero Francia presionó diplomáticamente hasta conseguir repatriarlos apenas un año después. El argumento: problemas de salud. Volvieron a su país y no volvieron a pisar la cárcel.
Mientras tanto, en París, el Gobierno intentaba taparlo todo. Primero negaron que fuera una operación oficial. Luego reconocieron que la DGSE estaba implicada. El ministro de Defensa, Charles Hernu, dimitió. Pero Mitterrand, el hombre que dio la orden, nunca fue investigado ni cuestionado judicialmente. Salió ileso.
Y así ha seguido durante 40 años, hasta ahora. Los nuevos documentos desclasificados apuntan sin ambigüedad a Mitterrand como el cerebro de la operación. Sabía todo. Dio la orden. Y no movió un dedo cuando murió un civil inocente. Greenpeace ha vuelto a pedir justicia.
El asesinato de Fernando Pereira sigue impune. Los responsables directos —militares, agentes y políticos— nunca cumplieron una verdadera condena. Mitterrand murió en 1996 sin rendir cuentas. Y Francia jamás pidió perdón.
Cuarenta años después, la historia del Rainbow Warrior sigue siendo la historia de un crimen de Estado enterrado bajo el silencio político. Pero ahora, con estas nuevas pruebas sobre la mesa, las heridas vuelven a abrirse. Y la justicia sigue esperando.