JESÚS LEAL | CATEDRÁTICO DE SOCIOLOGÍA

JESÚS LEAL | CATEDRÁTICO DE SOCIOLOGÍA

"La ocupación puede ser ilegal pero también lo es tener una vivienda protegida vacía"

La Comunidad de Madrid es la región con más vivienda social de España, sin embargo muchas personas se ven onligadas a ocupar domicilios para no dormir en la calle. Se trata de una práctica legal, pero también lo es tener las viviendas públicas sin inquilinos.

Una viviendapública de 120 metros cuadrados les cuesta 120 euros al mes. Deben más de 3.000 euros de alquiler a la Comunidad de Madrid, y les van a desahuciar. ¿Es justo que se desaloje a una persona sin recursos de una vivienda social? "Hemos visto casos que por 300 ó 400 euros de impago que se han activado, digamos, acciones de desahucio. Esto no tiene que llegar nunca a un juzgado", asegura José Luis González, juez decano de Madrid.

Se acerca la hora. Sin embargo, un miembro de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas anuncia que han llamado del juzgado para decir que se ha paralizado el desahucio, no sé sabe demasiado bien por cuánto tiempo.

La Justicia está paralizando los desahucios de vivienda social. Hasta ahora, según algunas fuentes, ejecutaban 40 al día sólo en Madrid. El impago es la causa de todos los desalojos.

Nuevo edificio, en este caso encontramos 80 viviendas sociales. Cuatro están vacías desde hace años. "Este es el tapiado que ha hecho el Ayuntamiento para que no se vuelva a abrir esta casa", cuenta uno de los vecinos. "así lleva por lo menos cuatro años". Pero ni el acero, ni los ladrillos, ni las cerraduras evitan lo inevitable. El gobierno madrileño reconoce tener  800 viviendas sociales ocupadas ilegalmente.

"Es cierto que la ocupación de viviendas puede ser una ilegalidad pero también es una ilegalidad tener una vivienda protegida vacía, tan ilegalidad o más que lo otro. Si la persona que la ocupa es una persona necesitada y la vivienda está vacía y era una vivienda pública y no había sido asignada ¿quién comete la mayor ilegalidad?", se pregunta Jesús Leal, catedrático de Sociología de la Universidad Complutense.

Ignacio González se ha visto obligado a tomar medidas de urgencia. Acaba de firmar un convenio con el máximo responsable de Cáritas. El organismo encargado de regular la vivienda social en Madrid le da a la ONG católica 1000 casas de protección vacías que estaban ocupadas ilegalmente. Los voluntarios de Cáritas las repararán, si lo necesitan, y será también la ONG quien elija a los mil afortunados nuevos inquilinos.

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