Miriam Ruiz Castro / @MiriamRuiz_
La socialista Adriana Lastra se estrenaba en la sesión de
control al Gobierno como portavoz adjunta de su grupo parlamentario con una
pregunta al ministro de Hacienda sobre transparencia. Lastra aseguraba que el
Gobierno no estaba cumpliendo con la Ley de Transparencia negándose a publicar las declaraciones de bienes de los altos cargos del
anterior Ejecutivo ya cesados y de los que ahora componen la cúpula de la
Administración del Estado. “Desde septiembre de 2014 no han vuelto a cumplir
con sus obligaciones. Lo único que publican y que remiten a esta cámara son dos
hojas, un informe escueto, con el número de
declaraciones presentadas y, en su caso, los procedimientos
sancionadores”, aseguraba Lastra.
En su turno de palabra, Cristóbal Montoro le respondía: “Dentro de poco se publicará el patrimonio de los altos cargos salientes como consecuencia del cambio de gobierno. Estamos en el plazo”. Lastra indicaba que “lo único” que publica el Gobierno y remite a la Cámara es un informe “escueto” con “el número de declaraciones presentadas y, en su caso, los procedimientos sancionadores”. Se refiere así al informe que la Oficina de conflicto de intereses está obligada a elevar cada seis meses al Gobierno para su remisión al Congreso de los Diputados (artículo 22 de la ley 3/2015 reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado)
Dando cumplimiento a dicho artículo de la ley, el último informe publicado corresponde al segundo semestre de 2016, pues el correspondiente al primer semestre de 2017 estaría todavía inconcluso. Esta misma mañana el BOE publicaba esta misma información.
Sin embargo, tal y como indicó Lastra, se trata de un informe que solo incluye una relación de los altos cargos que, efectivamente, han presentado sus declaraciones de bienes y patrimonio, y de las sanciones incoadas si las hubiera, pero no se recoge el contenido de esas declaraciones de bienes. La información, por tanto, no es pública. Es por ello que la diputada socialista hablaba de “incumplimiento de sus obligaciones desde septiembre de 2014”.
LAS DECLARACIONES DE
BIENES DE LOS ALTOS CARGOS, OCULTAS DESDE 2014
La ley de Transparencia que aprobó el anterior Ejecutivo del
Partido Popular en 2013 modificaba un artículo de la ley de 2006 sobre
conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y los altos cargos de la
Administración General del Estado (AGE). En su disposición adicional segunda,
la Ley de Transparencia obligaba a
publicar en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el contenido de las
declaraciones de bienes y derechos patrimoniales de los miembros del
Gobierno, secretarios de Estado y demás altos cargos previstos en el texto de
la norma.
En base a esta ley y tras la denuncia del Grupo Parlamentario
Socialista, el Gobierno publicó en septiembre de 2014 las declaraciones de
bienes de los altos cargos de la AGE. Pudimos conocer entonces que el
Jefe de la Secretaría del Rey Don Juan Carlos y Consejero Diplomático de la
Casa del Rey, Alfonso Sanz Portolés, era quien ostentaba el patrimonio más
elevado de entre los 250 altos cargos, con un valor total de 19,4 millones de
euros, y sin tener deudas, préstamos o créditos. Le seguía el presidente de la
CNMC, José María Marín Quemada, con 3 millones de euros, y destacaban también
el entonces jefe de la Casa del Rey, Jaime Alfonsín (1,6 millones de euros) y
su predecesor, Rafael Spottorno (1,8 millones). También conocimos que la
ministra con más patrimonio en 2014 era la de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente, Isabel García Tejerina, hoy todavía en el cargo (2,7 millones de
euros de activo patrimonial y 427.785 euros de pasivo), y que su antecesor
Miguel Arias Cañete mantenía un patrimonio de 1,6 millones y una deuda entre
créditos o préstamos de 42.153 euros.
Desde entonces, el BOE
no ha vuelto a recoger ninguna información sobre bienes y patrimonios de los
mismos, tal y como reconoce la Secretaría de Estado de Función Pública.
Y eso que la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, destacaba en la Cámara Baja la importancia de “comprobar si entre el patrimonio con el que entró un alto cargo y el patrimonio con el que salió hay algún enriquecimiento injustificado”.
VACÍO LEGAL
PROVOCADO POR EL GOBIERNO
En 2015, el Gobierno aprobó la ley reguladora del ejercicio
del alto cargo de la AGE que derogaba tanto la ley de 2006 como el reglamento
que la desarrollaba. Dicha ley obliga a los altos cargos a presentar esta
documentación en el Registro de Bienes y Derechos patrimoniales, “en el plazo
improrrogable de tres meses desde su toma de posesión y cese”. Pero, ¿cuándo se convierte en pública y de libre
acceso dicha información? ¿Cuál es el plazo?
La ley de 2015 no solo derogó la anterior normativa, la de
2006, sino que dejaba también sin efecto el reglamento que la desarrollaba y en
base al cual el Gobierno publicó en el BOE en 2014 la declaración de bienes de
sus altos cargos. Desde el Consejo de Transparencia aseguran a El Objetivo que
actualmente no existe un reglamento que
haya sustituido al anterior y que marque los plazos en los que debe hacerse
pública esa información, ya que la ley solo habla de que “se publicarán en
el BOE en los términos previstos reglamentariamente”.
El Gobierno se aprovechado de este “vacío legal” y, dos años
después, se ha encargado de no resarcirlo.
EN 2015, EL GOBIERNO
ANUNCIÓ EL REGLAMENTO EN “UNA SEMANA”
En la nota de prensa con la que dio a conocer la publicación
por primera (y única) vez de las declaraciones bienes de los altos cargos de la
AGE, el Gobierno insistió en su intención de seguir publicando esta información
año a año. “La publicación se
seguirá realizando antes del 30 de septiembre de cada año y, según los
datos proporcionados por la Oficina de Conflictos de Intereses, afectará a
partir de ahora a un total de 250 altos cargos”,
Y añadía: “En 2015, por ejemplo, la nueva publicación recogerá los datos de todos los altos cargos que cesen o tomen posesión en el periodo comprendido entre el 1 de julio de 2014 al 30 de junio de 2015, y así sucesivamente todos los años”. No se publicó en 2015, ni tampoco en 2016.
El 23 de octubre de 2015, un año
después de la primera publicación, y la vicepresidenta del Gobierno, Sáenz de
Santamaría, insistía la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros que, a
falta de "dos observaciones" pendientes de algún ministerio,
"probablemente” el Real Decreto se aprobaría “la semana que viene".
Ha pasado año y medio y el Real Decreto sigue perdido en algún cajón.
El Gobierno nunca dio luz verde al Real Decreto necesario para regular
la publicación de las declaraciones de bienes de los altos cargos, pese a
que el borrador recibió el visto bueno del Consejo de Estado en octubre de 2015, como indicaba la propia
vicepresidenta, y desde entonces tan solo necesitaba de la aprobación del
Consejo de Ministros. Desde Hacienda confirman a El Objetivo que el reglamento
no ha sido aprobado y aseguran que, dos años después, aún “se está elaborando”. La realidad es que, en junio de 2017, el
reglamento sigue sin publicarse y las declaraciones de bienes de los altos
cargos, sin ser públicas y accesibles para la ciudadanía.
¿QUÉ NOS ESTAMOS
PERDIENDO?
Gracias a la publicación en el BOE de 2014, pudimos conocer
que decenas de altos cargos declaraban
más de un millón de euros en bienes y patrimonio. También que los
embajadores eran los que acumulaban más patrimonio —por ejemplo, el ex
embajador de Egipto, Fidel Sendagorta Gómez del Campillo, contaba con más de 14
millones de euros—.
A 31 de diciembre de 2016, según el ministerio de Hacienda,
había 642 altos cargos en activo obligados a hacer su declaración. Entre
julio y diciembre de 2016 ha habido 32 tomas de posesión de altos cargos y 47
ceses. Sus declaraciones no se han publicado.
Tampoco las de años anteriores, entre las que se encuentran
ministros cesados como José Ignacio Wert —de quien supimos en 2012, momento en
que tomó posesión, que tenía un patrimonio de 851.522 euros y sin deudas—,
Pedro Morenés —que declaró 1.072.119 euros de patrimonio en 2012— Ana Mato —con
392.086 euros de patrimonio
declarados en 2012 y que dejó su cargo tras ser acusada de lucrarse en el caso
Gürtel— o José Manuel García Margallo —948.504,33 euros de patrimonio en 2012—.
Como decía la vicepresidenta, es
importante saber con qué patrimonio se han marchado del Ejecutivo, una
información que permanece oculta.
Los ministros que compaginan sus carteras con el acta de
diputado están obligados a publicar su declaración de bienes en el Congreso de
los Diputados, pero otros como Luis de Guindos, Íñigo Gómez de la Serna o
Alfonso Dastis no están obligados a hacerlo: dependemos de su publicación en el BOE para conocer su patrimonio.
Entre los secretarios de Estado destaca la que ocupaba la
secretaría de Educación, Montserrat Gomendio —esposa de Wert y que declaró 14,5
millones de patrimonio al tomar posesión— o Jaime Pérez Renovales, exnúmero dos
de Sáenz de Santamaría y que abandonó la subsecretaría de Presidencia para
reincorporarse al Banco Santander —su patrimonio nunca se ha hecho público—.
“El Gobierno cumple con la ley de Transparencia”, replicaba Montoro a
Lastra. A la vista de los datos, podemos decir que esa afirmación es FALSA.