El barrio del Carrús, en Elche, es un de los barrios con menor renta per cápita de toda España y allí se concentran numerosas aparadoras. Andrea Ropero charla con algunas de ellas.
Reconocen que sus condiciones laborales eran deplorables: "Te tirabas ahí noche y día, y no ganabas nada". Muchas trabajaban en sus propias casas: "Estabas en casa, con los niños, con olor a cola y ganando una miseria", cuenta otra de ellas.
Sin embargo, el precio del calzado que ellas mismas fabrican es mucho mayor, y así lo explica María Jesús a Andrea Ropero, que asegura que por cada par de calzado recibe 60 céntimos, mientras que las empresas lo pueden llegar a cobrar a 800 euros.
Además, por el trabajo realizado, algunas tienen ahora problemas de salud: "Me duelen mucho las manos y ya no puedo trabajar. Nos quedamos sin pensión y sin paga", denuncia una aparadora.
Ahora, muchas de ellas se encargan de denunciar esas condiciones: "Hace años ya hubo huelgas, pero la gente tenía miedo y el dinero hacía falta. Al que le hace falta el dinero no habla porque no le dan trabajo", lamenta una mujer.
Andrea Ropero también entrevista a Isabel Matute, presidenta de la Asociación de Aparadoras de Elche. Fue aparadora, pero se quedó sin trabajo después de 46 años trabajando en el sector al salir a la luz pública la asociación.
Los primeros años, trabajando en fábricas sí tuvo contrato, pero tras la crisis del petróleo las aparadoras tuvieron que empezar a trabajar en talleres o en sus propios domicilios, a trabajar de forma clandestina. Cuenta que por aquel entonces "estaba normalizado y estaba a gusto porque podía cuidar mi casa, mi familia y tener independencia como mujer".
Es ahora cuando empiezan a ser conscientes de que estaban "esclavizadas", y reconoce que ahora está incluso más precarizado: "La hora puede salir a uno o dos euros". Desde la organización denuncian que "lo que están haciendo es abocarnos a la exclusión social e incluso trabajando somos pobres".
Preguntada por si existe algún tipo de regularización, asegura que no interesa hacer inspecciones "porque Elche es una ciudad muy rica que mueve cantidad ingente de dinero negro. No interesa pararlo".
Piden que se cumpla con el convenio de calzados y que las trabajadoras tengan su contrato, sus derechos y su seguridad social, para poder seguir contribuyendo a la economía social. También quieren que el sector "acabe con la economía sumergida, porque se genera dinero sin control de grandes empresas" y piden a los políticos, "que reconozcan la deuda que tienen con las mujeres".